El Centro de Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio local, sellaron ayer un acuerdo para aplicar la cláusula gatillo a la paritaria salarial, en función del efecto inflacionario, el cual establece una mejor del 6 por ciento sobre la nueva remuneración, pagadero en tres cuotas de 2 por ciento cada una; en los meses de enero, febrero y marzo.

De acuerdo a lo confirmado por Daniel Rivarola, secretario adjunto del CEC “se termina de cerrar la pauta salarial de 2017 en un 26 por ciento”; lo cual consideran como un muy buen arreglo en medio de la situación que vive el sector donde “debemos admitir que las ventas han caído y eso nos preocupa”.

Con el acuerdo en vigencia y una vez homologado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, un trabajador categoría  Cajero “B” cobrará a partir de marzo la suma de 33.929 pesos; un trabajador categoría Vendedor “B” 34.561 pesos y un Maestranza “A” 33.187 pesos.

El acuerdo fue firmado por Diego Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande; por el secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Eusebio Barrios y por el secretario adjunto, Daniel Rivarola. El mismo obedece a lo que firmaron las entidades empresariales nacionales con la FAECyS (Federación del gremio de empleados de comercio).

Navarro dijo al diario El Sureño que esto se ha logrado “buscando un punto de equilibrio para sostener los puestos de trabajo” y rescató que dentro de las cláusulas del acuerdo existe un compromiso de las partes por luchar contra la actividad informal y el empleo “en negro”, que representa una competencia desleal frente a los comerciantes que cumplen con la legalidad.

El representante de la entidad comercial dijo que “el horizonte en este 2018, en lo que pinta este primer semestre, es preocupante”.

Rivarola, del Centro de Empleados de Comercio, sostuvo que el objetivo del sostenimiento de los puestos de trabajo, se está logrando merced “al constante diálogo con la Cámara de Comercio y el acuerdo de salarios que pueden ser pagados” y valoró el hecho de hacer un esfuerzo conjunto por eliminar el trabajo no registrado.

“En épocas de crisis, vemos que se dispara el empleo en negro y esto lo hemos denunciado, en casos puntuales, ante el Ministerio de Trabajo”, dijo Rivarola, quien además se quejó de que “se trata de un tema serio en el que el Estado no se ocupa como debe ser”.