El legislador de Provincia Grande Matías Lapadula anticipó que impulsará el tratamiento del tema en la Comisión de Presupuesto para determinar cómo afectó la medida a los recursos provinciales.

“Vamos a trabajar en el ámbito de la comisión para analizar las consecuencias económicas de esta intervención para la Provincia”, sostuvo el parlamentario.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención en enero mediante la Resolución 4/2026. La medida fue establecida por doce meses, con posibilidad de prórroga, y dejó bajo administración nacional la operación, la infraestructura y los recursos del puerto.

Lapadula señaló que el análisis también deberá contemplar la situación de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos y la preocupación expresada por sectores vinculados con el turismo y el comercio, especialmente ante la cercanía de una nueva temporada de cruceros.

El legislador consideró que esos intereses no deben presentarse como contrapuestos y planteó que trabajadores, empresarios y autoridades deberían coincidir en un reclamo común: que el Puerto de Ushuaia vuelva a ser administrado por Tierra del Fuego.

La discusión también incluirá los obstáculos denunciados por organismos provinciales para realizar controles dentro de la terminal. Durante septiembre, la Secretaría de Ambiente solicitó el ingreso de equipos técnicos para fiscalizar residuos peligrosos y recursos hídricos, pero los inspectores provinciales no pudieron acceder.

Lapadula sostuvo que, ante esos impedimentos, las áreas responsables deben utilizar las herramientas administrativas y judiciales disponibles. También cuestionó la estrategia legal adoptada inicialmente por el Gobierno provincial para rechazar la intervención y consideró que esa decisión contribuyó a prolongar el conflicto.

“Han pasado ocho meses y pareciera que normalizamos esta situación”, advirtió.

Con la temporada de mayor actividad cada vez más cerca, el planteo busca que la discusión no quede limitada al expediente judicial y que la Legislatura pueda establecer cuál fue el impacto real de la intervención sobre los ingresos, el empleo y la actividad económica vinculada al principal puerto de la provincia.