Los legisladores de La Libertad Avanza Natalia Gracianía y Luciano Selzer impulsan un proyecto para declarar la educación como servicio público esencial en Tierra del Fuego y garantizar la continuidad de las clases durante paros, asambleas, desobligaciones y otras medidas sindicales.

La iniciativa establece que cada institución deberá mantener, como mínimo, el 75% de su prestación habitual. Ese porcentaje tendrá que cumplirse en cada escuela y turno, sin posibilidad de calcularlo a partir de un promedio general del sistema educativo. De aprobarse, ningún establecimiento podrá permanecer completamente cerrado como consecuencia de una medida de fuerza.

El régimen alcanzaría a las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema provincial, desde el nivel inicial hasta el superior no universitario, incluyendo todas las modalidades educativas.

El texto mantiene el derecho constitucional a huelga, pero propone establecer un esquema que también asegure el acceso de los estudiantes a la educación. Sus autores sostienen que la interrupción prolongada de las clases afecta la continuidad pedagógica, profundiza las desigualdades y altera la organización cotidiana de las familias.

Entre otros puntos, el proyecto establece que los sindicatos deberán comunicar las medidas con una anticipación mínima de 72 horas hábiles, mientras que cada institución tendrá que informar a las familias, con al menos 48 horas de anticipación, qué cursos y turnos tendrán actividad.

El Ministerio de Educación será la autoridad encargada de organizar los recursos humanos, coordinar con los equipos directivos y verificar el cumplimiento de la prestación mínima. También deberá implementar un Plan Provincial de Continuidad del Servicio Educativo, que tendrá que actualizarse cada año.

La propuesta contempla además la recuperación obligatoria de clases cuando las interrupciones impidan alcanzar la carga horaria anual. Esas jornadas deberán recuperarse dentro del mismo ciclo lectivo, salvo situaciones excepcionales debidamente fundamentadas.

Otro de los puntos centrales es la creación de un Registro Público Provincial de Días Efectivos de Clase. Allí deberá detallarse, escuela por escuela, la cantidad de jornadas previstas y cumplidas, los días afectados por medidas sindicales y los cronogramas de recuperación.

La iniciativa busca complementar en el ámbito provincial el régimen nacional que incluyó a la educación entre los servicios esenciales y fijó una cobertura mínima del 75% durante los conflictos colectivos. Ahora, el proyecto deberá ser analizado en las comisiones de la Legislatura fueguina.