El titular de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde, advirtió que la provincia enfrenta una caída sostenida de sus ingresos y anticipó que la situación podría agravarse en los próximos meses, en un contexto de retracción de la actividad económica a nivel nacional.

El funcionario señaló que las proyecciones no son alentadoras y estimó que tanto abril como mayo mostrarán números negativos en materia de recaudación. Explicó que esta tendencia responde a una baja en los recursos reales que afecta tanto a Nación como a las provincias, con un impacto más fuerte en Tierra del Fuego debido a su alta dependencia de la coparticipación federal, que representa entre el 60% y el 65% de sus ingresos.

Bahamonde vinculó la caída de la recaudación con la disminución del consumo y la actividad económica. Indicó que esto repercute primero en impuestos como el IVA y luego en Ingresos Brutos. Aseguró que los datos recientes ya reflejan esta situación, con caídas en febrero y un marzo también complicado, y sostuvo que el freno económico se percibe incluso en la actividad comercial cotidiana y en sectores como la construcción, que impactan directamente en el empleo.

Además, remarcó la pérdida de ingresos por regalías hidrocarburíferas, afectadas por cambios en la explotación y la jurisdicción de áreas productivas, lo que redujo los recursos que percibe la provincia. Si bien existen mecanismos de compensación, reconoció que no alcanzan para revertir el escenario.

Frente a este panorama, el funcionario consideró que las provincias tienen pocas herramientas para aumentar la recaudación, aunque confirmó que se evalúan ajustes en el esquema tributario, especialmente en algunos sectores de servicios. De todos modos, destacó que Tierra del Fuego mantiene una presión fiscal relativamente baja en comparación con otras jurisdicciones.

Por último, cuestionó la idea de que la Nación “asiste” a las provincias, al señalar que los recursos son compartidos dentro de un sistema de coparticipación. Advirtió que las provincias deben afrontar responsabilidades clave como salud, educación y seguridad en un contexto de recursos limitados, lo que deja un escenario fiscal ajustado y con escaso margen de maniobra en el corto plazo.