La Libertad Avanza volvió a presentar un proyecto de ley que propone la implementación de la boleta única de papel en Tierra del Fuego, para lo que se debería modificar la ley electoral N° 201.

La iniciativa fue presentada originalmente en septiembre de 2024 pero nunca recibió tratamiento legislativo, por lo que perdió estado parlamentario. “Procedemos a reiterar la iniciativa convencidos de la trascendencia institucional de esta reforma y de la necesidad de que la Provincia avance hacia un sistema electoral más transparente, equitativo y eficiente”, señala el proyecto en sus fundamentos.

En ese sentido, la propuesta -que lleva la firma de la legisladora Natalia Gracianía- hace hincapié en que a nivel nacional “el Congreso de la Nación avanzó decididamente en la implementación de la Boleta Única como mecanismo de emisión del sufragio, marcando un hito en la modernización del sistema electoral argentino”.

“La aplicación de este instrumento en las últimas elecciones nacionales constituyó una experiencia concreta que permitió verificar en la práctica los beneficios largamente sostenidos por quienes impulsamos esta reforma. La Boleta Única demostró ser un mecanismo eficaz para fortalecer la transparencia del proceso electoral, eliminando prácticas distorsivas que históricamente afectaron la libre expresión de la voluntad popular, tales como el robo o faltante de boletas en el cuarto oscuro”, sostiene el proyecto.

Para la legisladora libertaria “al concentrar toda la oferta electoral en un único instrumento oficial, confeccionado y distribuido por la autoridad electoral, se garantiza igualdad real de condiciones para todas las fuerzas políticas participantes”.

Asimismo, el proyecto de ley pone en valor que “uno de los aspectos más relevantes verificados en la experiencia nacional ha sido la significativa reducción del gasto público electoral”, recordando que “el sistema tradicional de boletas múltiples implica la impresión masiva de millones de boletas por cada agrupación política, muchas de las cuales no llegan siquiera a ser utilizadas”.

“Este esquema no solo genera un enorme dispendio de recursos públicos y privados, sino que además produce un impacto ambiental considerable. La Boleta Única, en cambio, permite imprimir exclusivamente la cantidad necesaria conforme al padrón electoral, más un margen razonable de reposición, optimizando recursos, simplificando la logística y reduciendo costos de impresión, transporte y fiscalización”, fundamenta Gracianía.

Y continúa: “En un contexto donde la ciudadanía exige responsabilidad y austeridad en la administración de los fondos públicos, este sistema representa una herramienta concreta para achicar el gasto político sin afectar -y por el contrario, fortaleciendo- la calidad institucional”.

“Desde la perspectiva del elector, la Boleta Única también ofrece ventajas sustanciales. Facilita una decisión clara e informada, evita confusiones derivadas de la acumulación de papeletas partidarias y garantiza que todas las opciones estén disponibles en igualdad de condiciones al momento de votar. Esto contribuye a reforzar la confianza ciudadana en el proceso electoral y, en consecuencia, en la legitimidad de los resultados”, prosigue.

Actualización necesaria

De acuerdo al proyecto, la experiencia reciente a nivel nacional “constituye un antecedente empírico contundente que respalda la viabilidad y conveniencia de esta reforma”, por lo que “no se trata ya de una propuesta teórica ni de un modelo ensayado únicamente otras jurisdicciones, sino de un sistema implementado con resultados positivos verificables en materia de transparencia, eficiencia y reducción de costos”.

“Tierra del Fuego necesita actualizar su sistema electoral para alinearlo con estándares contemporáneos de calidad democrática, garantizando procesos más transparentes, más equitativos y menos onerosos”, sostiene el proyecto.

Y considera que “la adopción de la Boleta Única de Sufragio en el ámbito provincial constituye un paso decisivo hacia un sistema electoral más simple, más justo y más eficiente. Representa una reforma estructural que fortalece la democracia, promueve la igualdad de oportunidades entre partidos y protege el derecho del ciudadano a elegir sin interferencias”.