POLÍTICA
Dirigentes fueguinos expresaron su rechazo a la intervención nacional del puerto de Ushuaia
La decisión del Gobierno Nacional de intervenir el puerto de Ushuaia suma rechazos de dirigentes y representantes de distintos espacios políticos de Tierra del Fuego, quienes se expresaron en contra de la medida.
Referentes de distintos espacios y niveles institucionales coincidieron en rechazar a intervención del puerto de Ushuaia, entendiendo que la medida se trata de “un ataque directo a la autonomía provincial” que perjudica al desarrollo local y a la capacidad de Tierra del Fuego para administrar sus recursos esenciales.
Desde el Gobierno Provincial, el gobernador Gustavo Melella recibió el respaldo explícito de diputados, senadores y legisladores, quienes se comprometieron a acompañar todas las acciones políticas y jurídicas necesarias para revertir esta intromisión.
La intervención fue calificada como un desprecio al federalismo y una avanzada sobre un puerto que opera con normalidad, registra una temporada récord y cumple con los más altos estándares internacionales.
Junto a la vicegobernadora, Mónica Urquiza; la senadora Cristina López, al diputado Agustín Tita, el legislador Juan Carlos Pino, el legislador Raúl Von Der Thusen y el legislador Matías Lapadula, también han expresado su frontal oposición el legislador Federico Greve, la legisladora Myriam Martínez, la legisladora María Laura Colazo; el intendente de Río Grande Martín Perez, la concejala Lucía Rossi; los concejales Jonatan Bogado y Federico Runin.
Todos ellos subrayaron que el puerto no es un “botín político ni una dependencia federal” sino un pilar del trabajo fueguino, la conectividad antártica, la actividad turística y la soberanía efectiva de la provincia. Reafirmaron que la defensa del Puerto de Ushuaia es la defensa del futuro de Tierra del Fuego.
NOTICIAS RELACIONADAS
POLÍTICA
Intervención del puerto de Ushuaia: qué dice la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación
La decisión la tomó el orgamismo nacional denunciando supuestas irregularidades. La medida durará 12 meses.
