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Ley corta de OSEF: qué cambios propone el Gobierno para revertir la crisis del organismo
Desde el Ejecutivo proponen declarar la emergencia administrativa, económica, financiera y prestacional a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) durante los próximos dos años. “Este proyecto adopta las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y los proyectos legislativos anteriores”, destacaron.
Redacción Crítica Sur
El Gobierno provincial formalizó ayer la presentación de un proyecto de ley para modificar la Ley N° 1071 de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), proponiendo así declarar la emergencia administrativa, económica, financiera y prestacional del organismo durante los próximos dos años.
“La emergencia tiene por finalidad garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones de salud; asegurar el acceso equitativo de los afiliados a los servicios médicos; regularizar la situación financiera de la institución y promover la eficiencia administrativa”, detalla el artículo 2 del proyecto.
En ese sentido, el objetivo principal de la iniciativa del oficialismo es abordar las deficiencias estructurales y financieras de la Obra Social, con la premisa de garantizar la continuidad y calidad del derecho a la salud para todos sus beneficiarios.
Para ello, el artículo 3 del proyecto autoriza al Poder Ejecutivo “a asignar una partida presupuestaria extraordinaria para la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSEF), destinada exclusivamente a la regularización de pagos urgentes a prestadores y al funcionamiento operativo básico”.
Informe del Tribunal de Cuentas
El punto de partida para impulsar esta reforma es el reciente informe interdisciplinario elaborado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, plasmado en la Resolución Plenaria N° 223/2024.
Este informe, realizado con el apoyo técnico de la Universidad Nacional de Cuyo y la participación de especialistas interdisciplinarios, analiza las variables económicas, financieras y demográficas que afectan la viabilidad de la obra social.
Entre sus principales hallazgos, el informe analiza las variables económicas y demográficas que afectan la viabilidad de la Obra Social, destacando un déficit estructural debido a la disminución de la población infantil y esto implica que -a largo plazo- habrá menos personas en edad activa para aportar al sistema, lo que afectará la base de sustentación financiera; así como el aumento de costos de los servicios de salud.
Además, se menciona el incremento en la proporción de beneficiarios pasivos (jubilados y menores), la relación entre aportantes activos y beneficiarios es menor a 1 (0,93), lo que significa que cada aportante está financiando más de un beneficiario, lo que genera una carga insostenible; así como la esperanza de vida en alza, de modo que los beneficiarios jubilados requerirán cobertura por periodos prolongados (hasta 20 afros en promedio), lo que implica mayores costos sin que existan reservas suficientes para financiarlos.
Por otra parte, el informe señala que existe un crecimiento insuficiente de aportes activos, explicando que la franja de trabajadores activos no crece lo suficiente como para compensar el aumento en los costos de los jubilados. “Solo se cuenta con un horizonte limitado de 30 años de aportes activos, mientras que los pasivos demandan recursos durante periodos más largos”, destaca el Tribunal de Cuentas.
Ante este panorama, el proyecto propone reformar la normativa vigente, mejorar la sostenibilidad financiera y garantizar un acceso equitativo a la salud. La urgencia de la reforma se basa en la necesidad de ajustar ingresos y gastos para asegurar la continuidad de los servicios esenciales.
Por ese motivo, se recomienda ajustar la estructura de ingresos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos, así como explorar nuevas fuentes de financiamiento. El informe subraya la necesidad de reformas urgentes para garantizar la sostenibilidad y calidad de los servicios de salud para los afiliados.
Costos en aumento
El proyecto menciona además que “algunos sectores laborales no contribuyen al sistema, a pesar de que se benefician de las prestaciones durante la etapa pasiva”, haciendo énfasis también en que “el gasto en prestaciones médicas ha crecido de forma considerable”.
“Los costos mensuales asociados a medicamentos de alto costo, consultas médicas, hospitalizaciones y otros servicios asistenciales representan una carga creciente para la obra social”, detalla el informe.
Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas incluyen ajustar la estructura de ingresos de la obra social, incrementar los aportes de jubilados con beneficios superiores al haber mínimo, y modernizar la normativa para mejorar la eficiencia en la gestión. También se sugiere ampliar la base de aportantes y diversificar las fuentes de ingresos para fortalecer la sostenibilidad financiera. Además, se insta a la Legislatura a adoptar medidas urgentes para abordar las causas estructurales del déficit.
“Un momento crucial”
Por último, el proyecto enfatiza que “la Obra Social enfrenta un momento crucial”, señalando que “la falta de reformas ha agravado la situación financiera y operativa, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales para miles de afiliados”.
“Este proyecto de ley tiene como objetivo abordar las deficiencias de la normativa vigente, promoviendo un sistema más eficiente, inclusivo y sostenible. Al adoptar las recomendaciones del informe actuarial y los proyectos presentados previamente, se logrará garantizar la continuidad y calidad del derecho a la salud para todos los beneficiarios”, concluye el proyecto.
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