Noelia Ruiz es licenciada en Relaciones Internacionales y en julio pasado Crítica Sur publicó en exclusiva su designación como nueva directora del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP-Fueguina”).

Ruiz fue candidata a concejal de Morón por el espacio de Francisco de Narváez y trabajó junto a Gustavo Ferrari desde 2009 hasta 2015, primero en el Congreso y luego en la Asesoría de Gobierno. Luego pasó a formar parte de Cambiemos, asesorando en la campaña de María Eugenia Vidal. En 2019 accede a una banca en la legislatura bonaerense como Diputada Provincial por la primera sección electoral en representación de Juntos por el Cambio. Nombrada presidente de la Comisión de Reforma Política y del Estado.

Ruiz está ahora bajo la lupa de los medios por la intención de suscribir un millonario contrato con un estudio de abogados que reemplazaría la auditoría que, hasta comienzos de año, realizaba la Universidad de Tres de Febrero (Untref). 

El año pasado, Ruiz hizo campaña en la Provincia de Buenos Aires para Diego Santilli y en sus redes sociales tiene fotos con Mauricio Macri, hoy el principal enemigo de Santiago Caputo, su nuevo jefe.

Desde hace meses todas las miradas apuntan a Ruiz, que además tiene un cargo como directora en Arsat, donde el influyente asesor presidencial también pisa fuerte, por supuestamente promover "un cambio de reglas" desde sus oficinas del tercer piso de la sede gubernamental de Diagonal Sur, como "pautas discrecionales" para fijar proyectos, la contratación de unos 10 profesionales -"hasta trató de designar a una psicóloga", acotó una fuente oficial consultada- o intentar incorporar a un estudio de abogados para una auditoría.

Si bien la titular del triunvirato está autorizada a promover contrataciones porque el Fondo prevé destinar un 1% de los recursos a gastos administrativos, no deja de llamar la atención este último dato en una gestión en la que se promueve la austeridad. 

En la próxima reunión de temario se podría avanzar el acuerdo con el estudio HSR Abogados, con el argumento de que serían los encargados de velar por la legalidad de los proyectos en estudio. Paradójicamente, esa labor la dejó de hacer la Untref por la erogación millonaria que ese convenio le demandaba al FAMP. Pero el contrato con el estudio de abogados, según fuentes oficiales, sería de unos $20 millones al mes. Ruiz, fue consultada por Clarín pero evitó contestar.