A través de un proyecto de ley, la Legislatura impulsa la "erradicación" de la violencia política contra las mujeres por cuestiones de género en Tierra del Fuego, proponiendo además que los partidos políticos adopten un 'protocolo' para sancionar este tipo accionar.

El proyecto de ley, presentado por el Partido Verde, tiene como premisa “prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones dé género” en Tierra del Fuego y busca garantizar que “ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política partidaria”.

Además, la iniciativa establece que todos los partidos políticos radicados en la provincia deberán adoptar “un protocolo propio de actuación ante casos de violencia política hacia las mujeres”, en el que se deberán incluir “todas las medidas y sanciones necesarias que se tomarán para garantizar a sus mujeres afiliadas el acceso paritario a todos los espacios de la vida pública e instituciones del Estado”.

Asimismo, ese protocolo deberá asegurar “condiciones igualitarias libres de discriminación, violencia y estereotipos en el ejercicio de sus derechos políticos”.

La iniciativa considera violencia política por razones de género a “cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, con el objeto de menoscabar, e incluso, anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, ya sea causado por una sola persona o más”.

Esta violencia puede incluir, entre otras, la “violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

Según plantean las legisladoras Laura Colazo y Victoria Vuoto, los ejes principales de estos protocolos deben estar regidos por: igualdad; no discriminación por razones de género; paridad en la vida pública y política; autonomía de las mujeres; prevención y transparencia y rendición de cuentas.

“Los partidos políticos deberán incorporar como órgano permanente dentro de sus autoridades partidarias un Comité de Género, compuesto por tres integrantes como mínimo, en su mayoría mujeres, y en su totalidad capacitados y capacitadas en perspectiva de género”, agrega la propuesta.

El Comité de Género recibirá las denuncias de mujeres afiliadas por motivos de violencia política de género; investigará los hechos denunciados y luego emitirá un dictamen sobre los mismos.

Se propone “sancionar al agresor o agresores en el caso que correspondiere” y en caso de incumplimiento por parte del agresor “el Comité de Género acompañará a la víctima o víctimas en la correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación”.

Por último, el proyecto establece que los partidos políticos deberán destinar “por lo menos un 15% de lo que reciban en concepto de aportes a la formación, promoción y desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido”.