Un proyecto de ley del Partido Verde en la Legislatura propone crear un 'Programa de Inserción Laboral al Trabajo Formal para personas transgénero, transexuales y travestis" en Tierra del Fuego, considerando que “deben asegurarse políticas de inserción en el mercado laboral formal que consideren las características particulares de este colectivo a fin de que ejerzan efectivamente su derecho al trabajo”.

Entre sus fundamentos, la propuesta señala que todas las normativas que existen a nivel nacional e internacional sobre esta problemática “derivan de la situación de grave desventaja en la que vive la población transexual, travesti y transgénero, y tiende a su protección real y efectiva”.

“Sin embargo, el colectivo continúa teniendo dificultades para disfrutar del derecho a la salud por lo que tienen una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente, a la educación la cual abandonan por situaciones de desigualdad y discriminación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo”, agregan.

De hecho, el proyecto señala que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT informa que “la violencia hacia el colectivo se recrudece y aumenta de manera considerable día a día”.

Las características y requisitos del programa

El proyecto detalla que para garantizar la igualdad de oportunidades “no se considerará un impedimento para acceder al programa la falta de 'antecedentes laborales y educativos’”, estableciendo un cupo del 1% de cargos (ya sea de planta permanente, temporario o contratado) en la administración pública central, entes autárquicos, organismos descentralizados y empresas concesionarias de servicios públicos.

“Toda persona, travesti, transexual o transgénero, tiene derecho al trabajo digno, a condiciones de igualdad laboral y protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género, por lo que los requisitos de acceso al empleo no podrán obstruir el ejercicio de estos derechos”, señala uno de los artículos de la propuesta.

Además, se establece que en caso de ser sancionada la ley, la autoridad de aplicación será la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo la “recolección, relevamiento y análisis de la cantidad de vacantes disponibles y porcentaje cubierto”.

El programa está orientado a personas travestis, transexuales y transgénero “mayores de 18 años de edad, con residencia mínima en la provincia de 2 años anteriores a postularse en el puesto laboral”.

Y hace hincapié en que para “garantizar la igualdad de oportunidades no se considerará un impedimento paca acceder al programa la falta de antecedentes laborales y educativos de las personas alcanzadas”.

“Si las personas aspirantes no completaron su educación, cada organismo o institución arbitrará los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación laboral remunerada del cargo a cubrir de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de adecuar su situación a los requisitos de idoneidad”, indica el articulado del proyecto.

La propuesta contempla también que “excepcionalmente no se tomarán en cuenta como antecedentes, al momento de la selección del personal, los certificados de buena conducta de personas beneficiarias del presente programa cuando consignasen antecedentes vinculados a faltas o contravenciones o se encuentren derogadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley”.

El artículo 8 del proyecto señala además que, con la finalidad de lograr el cumplimiento del porcentaje del 1% “cada nueva vacante que se abra para contratar nuevo personal debe ser cubierto privilegiando este programa”.

“El incumplimiento de este artículo constituirá para las/los funcionarios responsables falta grave o mal desempeño en sus-funciones, según corresponda”, indica la iniciativa.

Por último, el proyecto de las legisladoras Laura Colazo y Victoria Vuoto establece que el Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, deberá establecer campañas de sensibilización; capacitaciones en diversidad e identidad de género “con la finalidad de que el personal de la administración pública conozca el movimiento incentivando la no discriminación”.

“Esta ley le daría respuesta a una demanda que las organizaciones LGBTI+ tienen en el país y en la provincia hace muchos años”, puntualizan las parlamentarias.