Un proyecto de ley del legislador Ricardo Furlan (Frente de Todos-PJ) propone crear la figura del 'Defensor del Pueblo' en Tierra del Fuego, con la premisa de "garantizar la transparencia de las gestiones que llevan adelante el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial combatiendo la corrupción y haciendo más accesible la justicia para muchos sectores de la población en razón de su amplia legitimación procesal".

Según la propuesta, el 'Defensor del Pueblo' tiene como objetivos "la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la constitución provincial y sus leyes reglamentarias; ante hechos, actos u omisiones de la administración pública", así como "el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas".

La iniciativa establece, además, que para poder cumplir con sus objetivos, el Defensor del Pueblo "contará con legitimación procesal suficiente para constituirse en sujeto activo en acciones judiciales y procedimientos administrativos; dirigidos a la reparación de acciones u omisiones que lesionen, derechos de particulares y/o de incidencia colectiva".

Durará 5 años en sus funciones y podrá ser renovado por un período de 5 años más en el cargo, percibiendo una remuneración equivalente a la dieta de un legislador. Asimismo, se encuentra sujeto a las mismas "inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades", pudiendo ser removido solo por el procedimiento de juicio político.

Para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo, el postulante deberá cumplir una serie de condiciones; entre ellas haber cumplido 30 años de edad; ser argentino nativo o por opción, o naturalizado con 10 años de ejercicio de la ciudadanía; tener 5 años continuos de residencia inmediata en la provincia, anterior a la elección, salvo casos de ausencia motivada por servicios a la Nación o a la Provincia, o en organismos internacionales. Debe ser elector en la provincia y ser abogado con 8 años en el ejercicio de la profesión, como mínimo.

El proyecto establece que el Defensor atenderá en las oficinas dependientes de la Legislatura en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, siendo ésta última de competencia para el Municipio de Tolhuin.

Por otra parte, se crea la figura del 'Defensor del Pueblo Adjunto', a quien podrá delegar funciones y por quien srerá reemplazado en la titularidad del cargo "en los supuestos de ausencia, inhabilidad temporal o vacancia".

El Defensor del Pueblo adjunto tendrá una remuneración igual al 75% de la dieta de un legislador.

La propuesta señala que el 'Defensor del Pueblo de la Provincia' será elegido por la Legislatura a través del voto nominal y fundado de los dos tercios de los miembros de la Cámara. "A tal efecto y en un plazo no mayor de 30 días a contar desde la promulgación de la presente ley, se confeccionará una terna de 3 candidatos para ocupar el cargo", agrega el proyecto.

Y remarca: "Si los candidatos propuestos no obtuvieran en la primera votación la mayoría requerida, deberán repetirse las votaciones sobre los 2 candidatos más votados hasta, alcanzarse aquella mayoría".

"Al aceptar el cargo, el Defensor del Pueblo debe prestar juramento ante las autoridades de la Legislatura y presentar la declaración jurada de sus bienes, de los de su cónyuge y de las demás personas bajo su dependencia, en caso de tenerlas".

Por último, el proyecto enfatiza que el Defensor del Pueblo "tiene plena autonomía e independencia en sus funciones", señalando que "no está sujeto a mandato imperativo de alguno, ni recibe instrucciones de ninguna autoridad, institución o poder sobre el modo de ejercer su cargo o de los criterios que utiliza para adoptar sus decisiones".