jueves 03 de diciembre de 2020 - Edición Nº1536
Critica Sur » Provincia » 20 may 2020

el proyecto se presentó el año pasado

“Terra Ignis”, la empresa petrolera estatal que impulsa la gestión de Gustavo Melella

“Terra Ignis Petróleo y & Gas S.A.U.” es el nombre de la empresa estatal que el Gobierno provincial propone crear para fomentar las inversiones, incrementar la actividad y atraer nuevos jugadores de la industria petrolera. La iniciativa fue incluida en los temas que abordará la Legislatura este jueves, en sesión especial. ¿De qué se trata?


Por:
Redacción Crítica Sur

El Gobierno provincial impulsa la creación de una empresa para impulsar el desarrollo de los recursos energéticos de Tierra del Fuego, y para ello presentó en la Legislatura un proyecto de ley que fue incluido en la lista de temas que este jueves, en sesión especial, podría ser tratado.

Se trata de “Terra Ignis Petróleo & Gas S.A.U.”, la empresa con la que el Gobierno espera intervenir en la industria petrolífera y gasífera, actualmente concentrada en un puñado de operadoras.

“Fomentar las inversiones, incrementar la actividad y atraer nuevos jugadores de la industria”, son los tres objetivos planteados por el proyecto, que fue presentado el año pasado y lleva la firma del gobernador Gustavo Melella.

Según los fundamentos del proyecto, analizados por Crítica Sur, Tierra del Fuego “cuenta con importantes recursos hidrocarburíferos, que la ubican entre las principales provincias productoras de gas y, en menor medida, de petróleo crudo, con una significativa potencialidad de crecimiento en esa actividad, así como también en energías renovables, como la cólica y geotérmica”.

Para el Gobierno, estos recursos “son vitales para el desarrollo de la provincia”, recordando que la extracción de gas y petróleo representan “una porción sustancial de los ingresos”.

Por esto es que “se hace imprescindible adoptar, como una activa política de Estado, medidas concretas para la promoción de una mayor actividad e inversión”.

Caída de producción e inversiones

Desde el Ejecutivo sostienen que existe una “decreciente actividad petrolera en la provincia” y en consecuencia una “sostenida reducción de reservas de petróleo y gas”.

La concentración en poca cantidad de operadores petroleros de la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la provincia, tornan necesaria la intervención e impulso estatal que permita fomentar las inversiones, incrementar la actividad y atraer nuevos jugadores de la industria para intentar revertir tales situaciones; dándole prioridad y acompañando el autoabastecimiento provincial y nacional”.

Para facilitar este objetivo, el Gobierno propone “constituir una sociedad anónima como instrumento para el desarrollo de los recursos energéticos, asegurando el cumplimiento de lo previsto en la Constitución Provincial”.

Para posibilitar este objetivo, la nueva empresa estatal podrá conformar “alianzas estratégicas para el desarrollo y ejecución de los proyectos energéticos que se implementen”, y remarca que se trata de un proyecto compatible “con los artículos 124 y concordantes de la Constitución Nacional, 84 de la Constitución de la Provincia y disposiciones de las Leyes Nacionales 17.319, 25.943, 26.197, 26.741, y sus modificatorias y complementarias”.

De hecho, menciona como antecedentes inmediatos un proyecto presentado en 2017 por el bloque UCR-Cambiemos, del que aseguran haber tomado “relevantes disposiciones conceptuales”.

Del mismo modo, la propuesta señala que se siguieron lineamientos adoptados por empresas similares creadas en diferentes provincias, entre las que menciona a Gas y Petróleo del Neuquén S.A. y Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A.

¿Cómo estará conformada la empresa?

Según la propuesta, la participación del Estado fueguino en la empresa “Terra Ignis Petróleo & Gas S.A.U.” nunca podrá ser inferior al 51%, y será dirigida por un directorio que no serán considerados funcionarios públicos, como tampoco los posibles empleados.

Se establece, además, que las ganancias correspondientes a la provincia deberán ser afectados “en al menos el 70% al desarrollo de recursos renovables y a la realización de obras de infraestructura”.

Prohíbe expresamente que las ganancias puedan ser destinadas a gastos corrientes.

La propuesta permite que la empresa estatal pueda vincularse con empresas “públicas, privadas o mixtas, tanto nacionales como internacionales” a través de acuerdos de asociación o colaboración empresarial”, así como también podrá acceder a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.

Controles

El proyecto asegura que la empresa “estará sometida a fiscalización estatal permanente”, a través de síndicos que deberán ser designados por el Tribunal de Cuentas de la provincia. Contempla, además, la posibilidad de contratar a firmas de auditoría “de prestigio nacional o internacional para actuar como su auditor externo”.

Anualmente, la empresa deberá elevar a la legislatura una copia de los estados contables y financieros.

Se establece, asimismo, que “la responsabilidad de la provincia queda exclusivamente limitada a la estricta integración de su participación accionaria en el capital social de la Sociedad en un todo de acuerdo con lo establecido por el artículo 163 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias”, por lo que la provincia “no tendrá, en ningún caso, responsabilidad directa ni subsidiaria por las acciones u omisiones de la Sociedad y no será reclamable ni ejecutable contra la Provincia ninguna sentencia judicial o laudo arbitral dictado contra la Sociedad”.

Beneficios impositivos y capital social

La iniciativa detalla que la empresa será eximida del pago del impuesto de Sellos y del pago del impuesto a los Ingresos Brutos, como así también de “todos los impuestos, tasas, contribuciones y aranceles de registración y/o inscripción que graven los actos, operaciones, ingresos y resultados que sean consecuencia de la constitución de la sociedad, así como la de su capitalización inicial y sucesivas capitalizaciones y la que se produzca como consecuencia de las transferencias que la Provincia le realice”.

El proyecto autoriza al Ejecutivo a destinar 10 millones de pesos como capital social de la sociedad.

Por último, la iniciativa propone que la Fiscalía de Estado adopte “todos los recaudos para solicitar, de corresponder, la declaración de inconstitucionalidad de todas las normas federales que se opongan al libre ejercicio de los derechos de la provincia” en materia de recursos energéticos.

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