El gobierno suspendió la aplicación de la medida por un mes para aplacar la incipiente rebelión de los diputados radicales patagónicos de Cambiemos, aunque ahora quiere aplicar el ajuste en silencio sin haberse expedido sobre la prórroga que venció ayer. La suspensión, ayudo entonces al fracaso del anterior intento opositor para anular el decreto de Mauricio Macri ante la decisión del oficialismo, sus aliados y partidos provinciales de boicotear el quórum para sesionar. Esta vez, los diputados díscolos de Cambiemos advirtieron al Gobierno que si no da marcha atrás con el decreto se sumarán a la convocatoria opositora.

“Nos volvimos a reunir para ratificar la postura en contra del decreto. Le pedimos al Gobierno que postergue definitivamente la medida. Si no hay respuesta el miércoles, bajaremos al recinto”, afirmó a PaginaI12 la radical rionegrina Lorena Matzen, que incluyó al resto de los diputados patagónicos del oficialismo que se oponen al recorte.

La convocatoria para el miércoles la encabezó el Frente Renovador (FR), con el acompañamiento de diputados del interbloque Argentina Federal (AF) y el Frente para la Victoria-PJ. Allí, los diputados massistas calificaron que la medida “además de perversa, es de una insensibilidad y un desconocimiento absoluto” ya que afectará a cerca de 450.000 personas, entre ellas 100.000 chicos.

El diputado rionegrino Martín Doñate (FpV-PJ) realizó un trazo mas fino de cómo afectará el decreto de Macri a las provincias. El cálculo arroja para Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut una “pérdida por prestación que ronda los 1.800 pesos y afecta a 140.261 casos”, que significa un recorte mensual de unos 250 millones de pesos y suma más de 3.250 millones de pesos al año”.

En tanto que para Río Negro; Neuquén; La Pampa; los distritos de Mendoza y los departamentos de Formosa afectados, suman otros 260.785 casos. Con una estimación de 450 pesos de recorte, que suman más de 115 millones de pesos mensuales y de 1.500 millones anuales. Para los departamentos de Salta y Jujuy el recorte afecta 48.363 personas, donde la pérdida ronda los 1.800 pesos que suman 87 millones mensuales y unos 1.100 millones anuales.

En total y anualizado, unos 5.939.348.850 de pesos que el decreto de Macri despoja a 449.409 personas que hasta ahora acceden a las asignaciones familiares. “El Decreto 702/2018 viola el derecho a la seguridad social en cuanto al deber de progresividad en materia de derechos sociales que tiene protección constitucional, en el artículo artículo 14 bis y la adhesión al PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU)”, sostiene Doñate en su presentación judicial. La otra vía a la que recurrirán distintas bancadas si el intento parlamentario no prospera.