Antes de la pelea por el Fondo del Conurbano bonaerense, la Corte Suprema resolvió avanzar sobre otro tema pendiente con las provincias: el reclamo por el stock de deuda a raíz del 15% de coparticipación que la Nación no les transfería desde 2006, durante el período kirchnerista, para financiar la Anses. Apenas asumió Mauricio Macri, casi todos los gobernadores firmaron un acuerdo para resolver el problema hacia adelante, pero no se avanzó con lo pendiente; por eso continuarán con la vía judicial.

Por fallos firmados y publicados por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, 17 gobernadores tienen hasta pasado mañana para responder si continúan con la judicialización del reclamo o avanzan con un acuerdo político. Deben responder los mandatarios de Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy, La Pampa, Formosa, Misiones, Tucumán; San Juan, Chaco, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Mendoza y La Rioja.

Roberto Gattoni, ministro de Economía sanjuanino, dijo a LA NACION que hay consenso para seguir con la vía judicial. "Es la respuesta más acertada, ya que desde la política no hay propuesta alguna para analizar", dijo. San Juan estima que la deuda acumulada entre 2006 y 2015 -actualizada- ronda los $ 20.000 millones.

Pocos días antes de la asunción de Macri, en diciembre de 2015, la Corte Suprema falló a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis para la devolución del 15%. Las tres habían iniciado acciones judiciales contra el Estado nacional por este reclamo histórico. Tampoco esos distritos acordaron un esquema hacia atrás.

"La decisión clausuró el flujo del descuento y establecía que se debía negociar cómo se devolvía el resto", explicó Osvaldo Giordano, titular de Finanzas del gobierno de Córdoba, distrito beneficiado por una cautelar. Esta provincia estima en unos $ 40.000 millones la deuda actualizada, mientras que para San Luis y Santa Fe rondarían los $ 30.000 millones cada una.

Fuentes provinciales consultadas coinciden en que la decisión de la Corte Suprema de indagar sobre qué hará cada gobernador es una manera de preparar el terreno para el debate sobre el Fondo del Conurbano.

"Si ahora decidiéramos ir por un acuerdo político, sentaríamos indirectamente un antecedente", deslizó un ministro.

También coincidieron en que la deuda acumulada por el 15% indebidamente retenido desde 2006 es virtualmente impagable. La única forma de avanzar sería con acuerdos intermedios entre las partes; el punto es que -después del convenio firmado en agosto de 2016 para comenzar la devolución gradual- no hubo más conversaciones por el acumulado.

El año pasado la administración central giró unos $ 37.000 millones a las provincias por ese concepto; la restitución es progresiva, tres puntos cada año más seis puntos de un préstamo de la Anses, hasta llegar en 2020 a $ 85.922 millones para repartir entre todas. El acuerdo no dice nada sobre el stock.

"A medida que pasa el tiempo aparecen nuevas ideas y más díscolos -confía un gobernador-. Sin propuestas políticas, seguiremos en la Corte Suprema".

Ésa es la posición de la mayoría de los distritos que, en muchos casos, intercambiaron contactos sobre qué posición asumirían.