La Justicia de Ushuaia ya les tomó declaración indagatoria a los 10 imputados que tiene la causa penal donde se investiga la presunta venta de viviendas sociales de un complejo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a personas particulares ajenas al sindicato.

Los acusados, entre quienes se encuentra el propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, declararon ante el juez de instrucción Nº1 de la ciudad, Javier De Gamas Soler, durante todo el mes de octubre.

Fuentes judiciales informaron a este medio que varios de ellos propusieron, a través de sus abogados defensores, la citación de nuevos testigos, con lo que el tribunal se encuentra por estos días produciendo esa prueba antes de avanzar en nuevas definiciones.

“En total son cerca de 20 testigos que están siendo llamados a declarar”, precisaron las fuentes.

Además, de las versiones brindadas por los acusados surgió “la posibilidad de que existan nuevos damnificados por el mismo modus operandi de los casos ya conocidos”, señalaron los voceros consultados.

Es decir que habría más personas que pagaron cifras de dinero diversas (algunas cercanas a los 700 mil pesos) a cambio de una casa del complejo de ATE que fue construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que tenía como destinatarios exclusivos a los afiliados al principal sindicato estatal de la provincia.

De confirmarse la aparición de más casos, no se descarta que el juez De Gamas Soler tenga que volver a indagar a los imputados por los nuevos hechos, lo que demoraría la resolución procesal de todos los involucrados, aclararon las fuentes.

También mencionaron que más allá de la complejidad de la investigación “lo importante es que con el paso de los meses se va aclarando cómo fue la maniobra y quiénes fueron lo que la protagonizaron”, indicaron los voceros judiciales.

Córdoba fue uno de los primeros indagados del caso, y aunque se negó a declarar, presentó un escrito donde brindó una explicación sobre uno de los audios que lo compromete.

En el audio extraído del teléfono de Daniel Belbey, el ex integrante de la comisión de viviendas de ATE relacionado con el caso que se quitó la vida el pasado 1 de junio, cuando los hechos se hicieron públicos, Córdoba utiliza la frase “no me trajiste verdes”, que fue interpretada por el fiscal Nicolás Arias como que se refería “a la entrega de moneda extranjera por el supuesto pago para acceder a los listados de las viviendas”.

Sobre ello, Córdoba detalló en el escrito que, en realidad, le había prestado dólares a Belbey, y que su ex compañero de comisión directiva “se los estaba devolviendo en pesos”, de ahí su comentario acerca de si le había “traído los verdes”.

Por otra parte, el sindicalista admitió que fue al IPV a realizar gestiones vinculadas con la construcción del barrio social en Barrancas del Río Pipo, pero negó haber solicitado la incorporación al listado de beneficiarios de viviendas de personas ajenas al gremio.

En ese punto, la afirmación de Córdoba se contradice con el testimonio prestado en la causa por la directora general del IPV, Marta Susana Benítez, quien declaró que tras el rechazo de siete postulantes que no resultaban afiliados, Córdoba “insistió respecto a la incorporación de los mismos a los listados de aspirantes, aún sin encontrarse afiliados al gremio”.

Según el fiscal Arias, la gestión del dirigente de ATE fue realizada “en compañía de Lilian Galli” y “en al menos dos oportunidades, coincidiendo con la nota presentada por Córdoba al ministro de Gobierno solicitando la inclusión de personas ajenas al gremio”.

Galli es otra integrante de la comisión directiva de ATE, ex secretaria de Acción Social, también imputada en la causa.

 (EDFM)