Según un informe al que tuvo acceso El Patagónico, el aumento que se dará en el corto plazo en los combustibles se producirá principalmente por tres variables.

Las primeras dos son la creación de un impuesto sobre el Dióxido de Carbono y las modificaciones al Impuesto de Transferencia a los Combustibles que dejará de estar determinado por una alícuota aplicable sobre la base imponible y pasará a ser un gravamen de monto fijo, actualizable trimestralmente por el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Es decir que cuando los componentes que conforman los valores de las naftas y el gasoil aumenten, los impuestos bajarán; y viceversa cuando ocurra lo contrario.

El tercer factor es que la reforma tributaria eliminó las exenciones para el gasoil y solo se mantendrán en las naftas, por lo que el gasoil, diésel oíl y kerosene deberán pagar un monto reducido que representa la mitad de lo que se tributará en el resto del país.

De esa forma, a partir de que se apliquen las modificaciones las naftas pagarían 41,2 centavos por cada litro, mientras que el gasoil y sus derivados (Nafta virgen, Gasolina Natural, Solvente, Aguarrás, Diésel oil, Kerosene) abonarían 7,13 pesos: 6,726 pesos de ITC y 41,2 centavos de impuesto al Dióxido de Carbono, aproximadamente.

Se debe tener en cuenta que el impacto será total en el usuario particular y parcial en los rubros comerciales, ya que según la actividad desarrollada parte de lo tributado por el ITC se podrá imputar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque con ciertas restricciones según el rubro.

Por otro lado, la reforma eliminó el impuesto al gas licuado para uso automotor (GNC), sistema de combustible que podría verse beneficiado.

El beneficio de estar lejos

La exención del ITC se sancionó en la década del 90 a beneficio de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero en 1998 tras la eliminación de un subsidio casi desapareció. Así, en 2015, previo al cambio de Gobierno, a través de la Ley 27.209 se restituyó ese beneficio y se sumó a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa y a las localidades de Carmen de Patagones, en Buenos Aires, y Malargüe, en Mendoza, en un debate que contó con el apoyo del entonces oficialismo del Frente para la Victoria, y el rechazo de la oposición que incluso el día de la sanción en Diputados abandonó el recinto legislativo.

Los argumentos de su sanción fueron las “grandes distancias existentes entre las poblaciones que obliga al uso de automóviles como una necesidad y/o herramienta de trabajo y no como bien suntuario“, así como la existencia de un “mayor costo de vida” y “el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa“.

Por lo pronto, resta ver cuándo se producirá el impacto en los surtidores, que podría ser de entre 10 y 30%, según vaticinaron las petroleras.