La situación se torna particular porque generalmente las denuncias por mala praxis son realizadas por familiares de pacientes afectados, pero en este caso es impulsada por el propio Ministerio de Salud de la provincia a raíz de la observación de un enfermero sobre la indicación de una médica del Hospital a un paciente oncológico que luego falleció.

Víctor Díaz, secretario de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria de la provincia se refirió esta mañana a los hechos en Radio Nacional Ushuaia y explicó que “al ministro de Salud le comunica la directora médica del Hospital de Río Grande, conjuntamente con el director General de un hecho ocurrido en la madrugada del día 20 por una consulta de un enfermero sobre el caso de un paciente oncológico que fue atendido y luego falleció, a partir de ahí se empieza analizar porque las indicaciones que se llevaron adelante no se consideraron adecuadas, le avisan al ministro y una vez analizado por ellos el tipo de tratamiento que se llevó adelante tenemos una reunión, toma intervención el ministro Jefe de Gabinete (Leonardo Gorbacz) y ahí hay que tomar una definición”.

Díaz precisó que “el tipo de indicación que la médica le ordenó que llevara adelante fue lo que llamó la atención del enfermero. No es algo que fuera común que se utilizara para ese tipo de casos”.  “Se trata de una médica que ingresó al sistema de salud en los últimos años”, agregó.

Es por eso que según el funcionario “en función de los hechos acontecidos y la mirada el Gobierno en términos de que se tiene que garantizar el cuidado de los pacientes, en este caso se evaluó que ameritaba presentar en el juzgado el inicio de la denuncia para que se puedan establecer los hechos porque además se constató que se había adulterado la historia clínica del paciente fallecido”.

“Cuando la dirección hace el análisis de la historia clínica del paciente, faltan partes de la historia clínica, y específicamente de los partes e intervenciones de enfermería”, detalló.

Díaz en este orden indico que “la historia clínica es complementada por las intervenciones de los médicos, más las intervenciones y cumplimiento de indicaciones que realizan los enfermeros. Una parte es papel y otra parte es electrónica”.

“A nivel de gravedad primero está el hecho acontecido, a partir de ahí los otros hechos que tienen que ver con la falta de parte de la historia clínica. Se hizo un análisis de todos los hechos que se presumen podrían haber ocurrido y que deberá esclarecer el poder judicial”, añadió.

El funcionario afirmó que “como indican los facultativos estamos hablando de un caso de homicidio culposo por lo menos, y a eso se le suma la violación de documentos que fueron adulterados, la falsificación de instrumento público y se ha sumado el caso de encubrimiento, son todos los hechos denunciados”.

Por otro lado remarcó que “el ministerio de Salud se puso adelante, con una mirada política que tiene como finalidad garantizar la prestación de la salud y con calidad a los pacientes de la provincia”.

“La persona tiene familia y por eso desde el Gobierno me comuniqué personalmente con los familiares para comentarles la situación, ellos manifestaron sorpresa y lo que les expliqué es que más allá del dolor y de solidarizarnos, nosotros como funcionarios públicos al tener conocimiento de estos presuntos hechos, tenemos la obligación de llevar adelante las acciones pertinentes para llegar a la verdad”, sumó Díaz.

Finalmente indico que “no hay antecedentes de este tipo donde la denuncia surja del propio Estado y es una demostración del Gobierno de Rosana Bertone de garantizar y llevar adelante todo lo que haya que hacer para cumplir con la finalidad de proteger y brindar la mejor atención a los pacientes”.

Sobre la posibilidad de que producto de la denuncia se genere una demanda contra el Estado, el funcionario indicó que “nosotros hemos enviado las copias pertinentes a todas las partes para que en el caso de una intervención de una posible demanda por daños y perjuicios la Fiscalía de Estado tenga toda la documentación por ser la autoridad competente en defensa de la provincia”.