La Polémica surgió la semana en la Legislatura Provincial cuando se estaba analizando el Presupuesto 2018 para la secretaría de Seguridad. El secretario del área, Ezequiel Murray, expresó que había un gasto reservados por 17 millones de pesos, cuestión que fue duramente criticada por los legisladores del MPF, y hasta le valió al Gobierno una denuncia penal.

Esta mañana el Gobierno Provincial salió a dar una explicación al asunto que algunos calificaron de “escandalosa”. Fue el propio secretario de Seguridad Ezequiel Murray, acompañado por el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, el ministro de Economía José Labroca y el Jefe de la Policía Nelson Moreyra, quienes esta mañana brindaron una conferencia de prensa tratando de clarificar el asunto y lo que ocurrió durante la presentación ante los parlamentarios.

“Las transferencias a Bomberos Voluntarios y supuestos gastos reservados que no son tales generaron dudas y declaraciones incorrectas”, inició diciendo Murray.

Respecto a la situación de Bomberos Voluntarios “recibimos una enorme deuda de alrededor de 40 millones de pesos y tomamos la decisión política de poner las cosas al día y consolidar la Federación de Bomberos Voluntarios. Hemos firmado un convenio con todos los cuarteles para establecer deuda hasta el 31 de diciembre de 2016, y a partir de entonces regularizarlas. El convenio estará vigente en los próximos días y se comenzará a trabajar en capacitación, refacciones y obras que necesitan”.

Murray afirmó en otro orden que “no queremos dejar ningún lugar a dudas respecto que no existe ningún tipo de gastos reservados en la provincia, ni en la secretaría de Seguridad ni tampoco en ninguna otra área”.

En este orden sostuvo que “la Ley de Contrataciones 1015 es muy clara en esto, prevé las compras directas cuando las circunstancias lo exigen las operaciones del Estado se mantengan secretas”.

“En ese marco hemos realizado tres compras, el expediente 15146, el expediente 6960 y el expediente 2772 por un importe de 17,198 pesos. Los tres expedientes han sido sometidos al control estricto del Tribunal de Cuentas, todas las compras mencionadas han sido para equipamiento para la Policía, para luchar contra el delito complejo como por ejemplo narcotráfico y trata de personas”, detalló.

El funcionario expresó que el equipamiento “ya fue entregado, y la decisión de hacer la compra bajo esta modalidad se define bajo la resolución que se publica en el boletín oficial, y más allá de que el contenido de la compra es secreto, no así el procedimiento que es totalmente transparente”.

“Los fondos utilizados para dichas compras  provinieron de recursos provinciales y también de una asignación específica del Ministerio de Economía, que proviene también de una ayuda financiera del Tesoro Nacional”, añadió.

Además precisó que “dicha asignación fue de 28 millones de pesos, fueron los 17 millones a la compra secreta, y 8 millones y medio fueron transferidos al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para la refacción del Puente Justicia”.

“Desde la creación de la Secretaría de Estado todas las compras se han realizado de manera transparente y que indica la normativa vigente”, remarcó Murray y agregó que “no tenemos nada que ocultar y queremos que quede bien claro que no existen gastos reservados en la provincia”.

Murray finalmente atribuyó el malentendido a que “por ahí hubo algunos errores de conceptos en la explicación y desde ahí se generó toda esta duda, utilizamos una palabra que no era la correcta y que hoy ha quedado debidamente aclarado”.