La polémica se desató luego de que la Red de Familias-TDF difundió un video a través de su cuenta de Facebook, mediante el cual la militante de la Fundación Pro Vida, Mariana Rodríguez Varela, solicita al Director del Hospital Regional Ushuaia,  Gabriel Castro, que se detenga el protocolo de aborto en las instalaciones del nosocomio.

"Quiero hablarle directamente al Director del HRU. En cada aborto muere un niño, se pierde la vida de un inocente. Podrá tener sólo siete o doce semanas de vida, pero a esa altura, ya posee un corazón idéntico al de un adulto, en miniatura", manifestó la activista entre otros argumentos.

A raíz de la difusión del video, diferentes organizaciones que militan por los derechos de las mujeres en Tierra del Fuego se expresaron hoy a través de un comunicado señalando que “observamos a través de las redes sociales y algunos medios de  comunicación la difusión de un vídeo que busca empañar las políticas públicas con moral y religión”.

En este sentido apuntan que en dicho video la referente de una organización anti-derechos, solicita al director del Hospital Regional de Ushuaia el detener el Protocolo de Intervención Legal del Embarazo en el Hospital de Ushuaia.

“Rechazamos la difusión del vídeo, porque violenta los derechos colectivos de las mujeres y la proliferación del mismo constituye un potencial avance de criminalización del aborto legal; al no acceder las mujeres a la interrupción legal de los embarazos, conforme lo establece el Código Penal y lo efectiviza el Protocolo, se aumenta el riesgo de abortos clandestinos, y  consecuente persecución, criminalización y muerte de las mujeres”, afirman las organizaciones firmantes.

Tierra del Fuego es una de las ocho provincias en el país que cuenta con protocolo de aborto no punible y sostienen que “queremos que lo mantenga”.

“En la Argentina, el acceso al Aborto No Punible (ANP) está legislado desde el año 1921 en el artículo 86 del Código Penal de la Nación incisos 1 y 2 en los casos de violación o cuando corre riesgo la vida o la salud integral de la mujer. En el año 2012, casi un siglo después la Corte Suprema se pronunció en el caso F.A.L estipulando el alcance del ANP y exhortando al Estado Nacional y los Estados Provinciales a que sancionen protocolos que regulen el efectivo acceso a los ANP, y a los Poderes Judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios. El fallo no crea ningún derecho, sino que sienta la correcta interpretación de lo que ya estaba plasmado en el código penal desde 1921”, detallan.

El protocolo estandariza las prácticas médicas para llevar adelante un aborto de manera segura, a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto.

Sin embargo, agregan que "el aborto no punible no siempre es accesible a todas las mujeres” asegurando que muchas veces no se accede por falta de información, de consultorías pre y post aborto, por la falta de protocolos médicos y en algunos casos por el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud, entre otros obstáculos institucionales”.

“El Estado debe asegurar que todas las mujeres y adolescentes puedan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar que las barreras legales, la objeción de conciencia y la falta de protocolos médicos no las obliguen a recurrir al Aborto clandestino”, afirman.

De esta manera solicitan a las autoridades “que se sigan las acciones necesarias para considerar dicha difusión perjudicial para la información pública fueguina, rechazando pública y oficialmente la misma. No queremos retroceder ni un paso en el acceso a uno de los derechos humanos de las mujeres”.

Finalmente les piden a las autoridades del Ministerio de Salud que “ratifique públicamente la plena vigencia del Protocolo, su difusión masiva, e información a todas las mujeres que habitan en la provincia, para garantizarnos una vida libre de violencias”.