En su nuevo informe, Greenpeace expone cuatro casos de la región patagónica, en Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego que demuestran cómo áreas protegidas por la ley de Bosques fueron desmontadas ilegalmente.

La organización denuncia que, en la mayoría de los casos, los responsables recibieron únicamente sanciones económicas. "Esto demuestra la necesidad de que Argentina considere a la deforestación ilegal como lo que realmente es: un crimen. Frente a esta situación, Greenpeace reclama al Congreso de la Nación la urgente sanción de una Ley de Delitos Forestales”, informa Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques.

El reporte presenta cuatro casos, entre ellos el desmonte ilegal en Ushuaia llevado a cabo en 2013. La deforestación de 3 hectáreas fue propiciada por el empresario Angel Masciotra, por la cual recibió una multa de 2,2 millones de pesos.

Sin embargo, el impacto ambiental provocado por el desmonte fue considerado como irreversible por el gobierno provincial.

La Secretaría de Ambiente de la provincia le aplicó una multa de casi 2,2 millones de pesos al empresario por el desmonte ilegal de 3 hectáreas de bosques de lengas realizado en un predio ubicado en el ingreso a Ushuaia, donde posee una fábrica de hormigón y una playa de acopio de contenedores.

El caso tuvo amplia difusión en 2013, cuando el Municipio clausuró dos veces a las empresas de Masciotra por el desmonte y la toma de agua del río sin autorización. El empresario violó las clausuras del predio y la provincia realizó una investigación sobre la responsabilidad de las firmas Ángel Masciotra S.A. y Depósitos Fiscales S.A., en la deforestación progresiva realizada desde el año 2010.

En su descargo las empresas alegaron que “el bosque nativo faltante fue afectado por los fuertes vientos propios de esta zona”. La Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente emitió un dictamen que consideró que el daño ambiental “es irreversible, inmensurable, incomprensible e intolerable” y remarcó “el impacto visual y paisajístico generado”.

La resolución 699/2014 les impuso una multa de $ 2.179.327,68; les ordenó la restauración del bosque donde sea factible, de acuerdo al plan aprobado por la provincia; y resolvió la inscripción del empresario en el Registro Nacional de Infractores fijado por la Ley Nacional de Bosques.

“El caso refleja el avasallamiento del empresario, quien además de deforestar ilegalmente, incumplió las clausuras a su predio. Cabe destacar que, más allá de la multa aplicada, el gobierno provincial consideró irreversible el impacto generado por el desmonte”, sostiene el informe de Greenpeace.

En los fundamentos del pedido de una Ley que sancione específicamente estos delitos, señalan que “resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”.