El Fondo del Conurbano, creado en 1992 y fondeado con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, tiene establecido desde 1996 un tope de 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, y el excedente se reparte entre las restantes provincias. Ese límite es lo que el gobierno bonaerense pretende eliminar.

En una demanda ante la Corte Suprema contra el Estado Nacional, en la que todas las demás provincias argentinas son "terceros citados", la provincia de Buenos Aires exige la declaración de inconstitucionalidad del tope de 650 millones de pesos, lo cual le devolvería a la provincia el 10 por ciento del impuesto a las ganancias para sus arcas.

La demanda bonaerense incluye, si el reclamo por el tope no prospera, que se declare inconstitucional la exclusión de la provincia del reparto del remanente del fondo y del 4 por ciento de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación.

En la previa de la reunión, mientras iban llegando a la Casa de San Juan, fueron varios los representantes provinciales que pusieron en números lo que sus provincias perderían en caso de que prospere la demanda de Vidal. Según informaron, San Luis resignaría $ 1500 millones; Entre Ríos, 3500 millones, y Santa Cruz, $ 1000 millones.

El reclamo de Buenos Aires se inscribe en un contexto de conflictos por la coparticipación federal de impuestos en momentos en que se incumple el mandato de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que ordena una nueva ley para el reparto de la recaudación de tributos entre la Nación y los 24 distritos del país.