POLÍTICA
Financiamiento educativo: entre cruces, diferencias políticas y pedidos de volver a comisión, se debatió en la Legislatura
La sesión ordinaria de este martes estuvo marcada por fuertes discusiones sobre los gravámenes al Banco de Tierra del Fuego y Camuzzi, diferencias dentro del propio oficialismo y planteos para postergar el tratamiento del proyecto. Con representantes del SUTEF presentes en el recinto y reiteradas interrupciones, los legisladores exponen sus posiciones sobre una iniciativa que busca garantizar nuevos recursos para la educación provincial.
Redacción Crítica Sur
La Legislatura de Tierra del Fuego desarrolló este martes una extensa y tensa sesión en la que se debate el proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial. La discusión, que lleva más de dos años, volvió al recinto después de que este lunes nueve legisladores votaran a favor de quitarle el trámite de urgencia a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
El debate gira en torno al Asunto N.º 659/26, correspondiente al dictamen de mayoría de las comisiones de Educación y Presupuesto, que aconseja la aprobación del proyecto. Sin embargo, las diferencias sobre las fuentes de financiamiento, particularmente los gravámenes al Banco de Tierra del Fuego y a la distribuidora Camuzzi, dificultan la construcción de un acuerdo.
La jornada también está atravesada por reiterados cruces entre legisladores y representantes del SUTEF presentes en el recinto, con pedidos de silencio por parte de las autoridades parlamentarias para garantizar el desarrollo de las exposiciones.
Sciurano cuestionó cambios en el dictamen y marcó diferencias con su propio bloque
El legislador Federico Sciurano (FORJA) abrió la discusión con fuertes cuestionamientos al proceso de elaboración del dictamen. Aseguró que durante el trabajo en las comisiones se había alcanzado un acuerdo para modificar dos artículos, pero que esa redacción fue descartada minutos después para regresar al texto original del Ejecutivo.
En ese contexto, señaló diferencias con la legisladora Myriam Martínez y expresó sus dudas sobre las decisiones tomadas durante el cuarto intermedio.
Sciurano sostuvo que no acompañará el dictamen en su redacción actual, aunque dejó abierta la posibilidad de votar favorablemente si se eliminan los artículos 5 y 6, vinculados a los gravámenes sobre Camuzzi y el Banco de Tierra del Fuego.
Posteriormente, volvió a intervenir para defender el papel del banco provincial en el sostenimiento de las finanzas públicas y el pago de salarios estatales.
Advirtió que la aplicación de una alícuota adicional del 3% podría terminar afectando a los propios trabajadores.
"Ese 3% que van a incorporar ahora en esta ley lo van a terminar pagando después ustedes", aseguró.
Martínez defendió el gravamen al BTF y respondió a Sciurano
La legisladora Myriam Martínez (FORJA) respondió a los cuestionamientos de su compañero de bloque y explicó que las diferencias surgieron por la viabilidad de los mecanismos propuestos para obtener recursos.
Según relató, una alternativa contemplaba una contribución social del Banco de Tierra del Fuego para recaudar alrededor de $3.000 millones. Sin embargo, sostuvo que esa modalidad requería consultas jurídicas y regulatorias que podían impedir la disponibilidad de los fondos.
También afirmó que existen aproximadamente $25.000 millones de utilidades del banco que no pueden distribuirse por restricciones del Banco Central, una situación que utilizó para justificar la necesidad de establecer otro mecanismo de recaudación.
"No podemos votar una ley y no tener los recursos", expresó.
Martínez negó que hubiera existido una intención de desconocer acuerdos políticos y sostuvo que sus objeciones habían sido anticipadas durante el trabajo en comisión.
Villegas pidió que el proyecto vuelva a comisión por una cuestión reglamentaria
El legislador Pablo Villegas (MPF) introdujo un planteo que podría modificar el desarrollo de la sesión: solicitó formalmente que el dictamen vuelva a comisión.
Argumentó que el documento fue firmado el 29 de octubre y que todavía no se cumplió el plazo de cuatro días hábiles de observación establecido en el artículo 73 del Reglamento Interno.
Según su interpretación, el dictamen no habría adquirido la firmeza parlamentaria necesaria para ser tratado.
Villegas sostuvo que respetar los procedimientos no constituye una formalidad menor, sino una garantía para los legisladores y la ciudadanía.
Su planteo abrió una nueva discusión sobre las condiciones reglamentarias para avanzar con el proyecto.
Pino defendió los aportes de Camuzzi y del Banco de Tierra del Fuego
El legislador Juan Carlos Pino (PJ) confirmó el acompañamiento de su bloque y defendió especialmente los dos artículos cuestionados por Sciurano.
Explicó que el gravamen previsto para Camuzzi permitiría recaudar aproximadamente $2.000 millones, de los cuales un 60% se destinaría a ampliar las redes de gas y el 40% restante a mejorar la infraestructura escolar.
También cuestionó que Tierra del Fuego produzca y envíe gas al continente mientras todavía existen barrios sin acceso al servicio.
Respecto del Banco de Tierra del Fuego, sostuvo que una entidad pública que concentra las cuentas de miles de trabajadores estatales debería contribuir al financiamiento educativo.
Más adelante, respondió a las advertencias de Sciurano y leyó el artículo 6, que establece expresamente que el banco no podrá trasladar el costo de la alícuota adicional a los servicios y costos financieros de sus clientes.
Pino también explicó que el proyecto contempla dejar de recaudar el gravamen sobre Camuzzi si se autoriza su traslado a las tarifas de los usuarios.
"La discusión central es si queremos una educación con financiamiento o no", afirmó.
Greve rechazó las acusaciones de un tarifazo y pidió discutir el proyecto
El legislador Federico Greve (FORJA) cuestionó los planteos reglamentarios y sostuvo que la discusión debe concentrarse en el contenido de la iniciativa.
Afirmó que el proyecto incorpora mecanismos para evitar que las nuevas contribuciones se trasladen directamente a los usuarios y rechazó que represente un tarifazo.
También defendió el carácter progresivo de la propuesta, que busca incrementar la inversión educativa desde el 4,5% hasta el 7,8% del producto bruto geográfico provincial en un período de cinco años.
Greve enumeró las necesidades de mantenimiento de los establecimientos escolares, los recursos destinados a salarios e infraestructura y las consecuencias de los recortes nacionales.
Al mismo tiempo, reconoció que la ley no resolverá por sí sola todos los problemas del sistema educativo y dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones.
"¿La quieren mejorar? Modifiquémosla, no hay ningún problema", expresó, al insistir en que la Legislatura debería continuar el debate hasta alcanzar un acuerdo.
Gracianía cuestionó la presión impositiva y defendió la asistencia de Nación
La legisladora Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) respaldó el pedido de Villegas para devolver el dictamen a comisión y sumó cuestionamientos sobre la situación financiera provincial.
Rechazó las afirmaciones de Martínez sobre una supuesta intervención encubierta del Banco Central en el BTF y sostuvo que las restricciones para distribuir utilidades responden a criterios técnicos y regulatorios.
También aseguró que Tierra del Fuego recibió durante 2026 adelantos de coparticipación por un total de $255.000 millones, según los montos que enumeró durante su exposición.
"La Nación, más que asfixiar a la provincia de Tierra del Fuego, la está salvando", afirmó, en una intervención que provocó reiteradas expresiones de desaprobación desde el sector ocupado por representantes gremiales.
Gracianía cuestionó que las alternativas de financiamiento se concentren en incrementar la presión impositiva y puso en duda que los recursos proyectados permitan resolver los problemas salariales y edilicios.
Planteó que el proyecto debería continuar analizándose en comisión junto con el Presupuesto 2027, para conocer con mayor precisión la situación de las cuentas provinciales y el destino de los recursos educativos.
Victoria Vuoto pidió recuperar la dimensión humana de la discusión
La legisladora María Victoria Vuoto (PJ) cuestionó que el debate se concentre exclusivamente en porcentajes, impuestos y partidas presupuestarias, mientras quedan relegadas las condiciones en las que trabajan los docentes y estudian miles de alumnos fueguinos.
"Hoy no hay una barra o una tribuna en esta Casa Legislativa. Hay docentes adentro y afuera del recinto", expresó en referencia a los trabajadores presentes.
Vuoto sostuvo que detrás de la discusión presupuestaria existen familias que dependen de la educación pública, estudiantes que necesitan espacios de contención y docentes cuyos salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
También reconoció que los problemas estructurales del sistema educativo se arrastran desde distintas gestiones provinciales, aunque consideró que los recortes del Gobierno nacional agravaron la situación.
La legisladora planteó que la discusión debe incluir cuánto se pretende invertir en educación, de dónde se obtendrán los recursos, cómo se distribuirán y qué mecanismos permitirán controlar su ejecución.
Lapadula cuestionó el impacto del impuesto al gas y advirtió que la ley no resolverá los problemas educativos
El legislador Matías Lapadula cuestionó los mecanismos de financiamiento previstos en el proyecto y advirtió que el gravamen del 3,4% sobre la distribución de gas terminará impactando en las facturas de los usuarios. Si bien reconoció que las políticas nacionales perjudicaron a las provincias y defendió el derecho de los docentes a reclamar por sus salarios, sostuvo que la iniciativa presenta deficiencias y no permitirá resolver los problemas estructurales del sistema educativo.
Lapadula rechazó que sus objeciones respondan a una defensa de Camuzzi y afirmó que su preocupación está puesta en el bolsillo de los fueguinos. En ese sentido, citó la Ley Nacional 24.076 y el Decreto 2255/92 para sostener que la empresa puede trasladar los nuevos impuestos a las tarifas, y puso en duda la efectividad del artículo que prevé suspender la recaudación si eso ocurre.
También cuestionó el alcance económico de la propuesta. Señaló que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $538.000 millones para educación, de los cuales $476.000 millones corresponden a salarios, mientras que los recursos estimados de la nueva ley representarían, según sus cálculos, menos del 2% de ese presupuesto.
"Este proyecto de ley no da recursos", afirmó, al considerar insuficiente la recaudación prevista frente a las necesidades salariales y de infraestructura.
Una sesión atravesada por la presión gremial y las diferencias políticas
Las intervenciones dejaron expuestas distintas posiciones sobre el futuro del proyecto. Mientras algunos legisladores defienden la aprobación del dictamen como una herramienta para incorporar recursos, otros cuestionan los nuevos gravámenes, advierten sobre posibles consecuencias económicas o consideran necesario profundizar el análisis parlamentario.
Las diferencias también quedaron en evidencia dentro de FORJA, particularmente entre Sciurano y Martínez, quienes expresaron posiciones distintas respecto del aporte que debería realizar el Banco de Tierra del Fuego.
En paralelo, la presencia de representantes del SUTEF, que convocó a un paro provincial con movilización para exigir el tratamiento de la iniciativa, agregó tensión a una jornada con reiteradas interrupciones y reclamos de respeto durante las exposiciones.
La definición inmediata pasa por la moción presentada por Villegas para devolver el dictamen a comisión. De su resolución dependerá si la Legislatura puede continuar con el tratamiento del proyecto durante esta sesión o si deberá retomarse el análisis en el ámbito de las comisiones.
Mientras tanto, el debate vuelve a dejar planteada una dificultad central: aunque existe un reconocimiento generalizado de las necesidades del sistema educativo, persisten profundas diferencias políticas y económicas sobre los mecanismos para garantizar su financiamiento.
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