La cuarta sesión ordinaria del año dejó una de las definiciones políticas más ajustadas de la jornada: por 8 votos contra 7, la Legislatura de Tierra del Fuego rechazó el planteo para retirar el trámite de urgencia al proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo enviado por el Poder Ejecutivo.

La votación no significó aprobar el proyecto ni las nuevas cargas tributarias que contiene. Lo que resolvió la Cámara fue mantener vigente el procedimiento especial solicitado por el gobernador Gustavo Melella. La Legislatura confirmó oficialmente que el asunto 519/26 fue girado a las comisiones de Educación y Economía y que continuará bajo trámite de urgencia donde comenzará a ser debatido el próximo martes.

La diferencia no es menor. El artículo 111 de la Constitución fueguina establece que los proyectos enviados con tratamiento urgente deben ser considerados dentro de 30 días desde su recepción y dispone que, si en ese período no son expresamente rechazados, se tienen por aprobados. La propia Legislatura tenía la posibilidad constitucional de eliminar la urgencia y devolver la iniciativa al trámite ordinario, pero la moción no reunió los votos necesarios.

Una votación dividida

A favor de mantener vigente el trámite de urgencia votaron Juan Carlos Pino, María Victoria Vuoto, Tomás García, Federico Greve, Myriam Martínez, Federico Sciurano, Raúl Von der Thusen y Gisela Dos Santos.

Por retirarlo se pronunciaron Luciano Selzer, Natalia Gracianía, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Damián Löffler, María Laura Colazo y Juan Matías Lapadula. El resultado fue 8 a 7. 

Así, el debate de fondo quedó pendiente, pero con una particularidad decisiva: el plazo constitucional sigue corriendo mientras los legisladores analizan el texto.

La discusión ahora será de dónde sale el dinero

El proyecto crea un Fondo de Financiamiento Educativo y fija prioridades concretas para el destino de los recursos. De acuerdo con la iniciativa presentada por el Gobierno, al menos el 50% deberá destinarse al fortalecimiento salarial docente, no menos del 25% a mantenimiento, servicios e infraestructura escolar y un mínimo del 15% a equipamiento tecnológico y herramientas didácticas. Además, propone avanzar progresivamente hacia una inversión educativa equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico provincial. 

El texto contempla, entre otros mecanismos, un adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego, una alícuota del 3,4% para la actividad de distribución de gas natural y la afectación al fondo del 0,5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos, que quedaría fuera del régimen general de distribución a los municipios. También prevé utilizar hasta determinados porcentajes provenientes de modificaciones del Impuesto Inmobiliario y utilidades distribuibles de empresas provinciales. 

Es precisamente sobre este esquema donde aparecen las principales diferencias políticas. Desde el Ejecutivo se presenta al proyecto como una herramienta para generar recursos específicos y sostenidos para salarios, infraestructura y equipamiento educativo, surgida además de los compromisos asumidos con el sector docente después del conflicto salarial. 

Desde sectores que impulsaron el retiro de la urgencia, en cambio, se planteó que una reforma de estas características requiere más tiempo para analizar su impacto fiscal y cuestionaron que el conflicto salarial termine trasladándose a la Legislatura mediante nuevas fuentes tributarias. Jorge Lechman, por ejemplo, sostuvo durante el debate que el problema de las paritarias debía resolverse desde el Ejecutivo y acompañó la moción para quitar el trámite excepcional. 

La discusión por cómo financiar Educación ya estaba dentro de la Legislatura varios meses antes del nuevo proyecto 519/26. En mayo, la Comisión de Educación ya tenía en tratamiento el asunto 129/26, enviado por el propio Ejecutivo para establecer un régimen de financiamiento integral de Educación y Salud, y el asunto 283/26, presentado por varios bloques para crear un Fondo de Financiamiento Educativo. La documentación oficial muestra que ambos fueron abordados en comisión el 7 de mayo. 

Más recientemente, el 10 de septiembre, Educación volvió a reunir a legisladores, funcionarios, gremios docentes, padres y representantes de las cámaras empresariales para discutir esas iniciativas. Al finalizar esa reunión se resolvió enviarlas al Ejecutivo para que emitiera opinión.

Incluso la Legislatura había convocado expresamente a sectores productivos porque reconocía que aquellos proyectos podían tener impacto económico y tributario. El nuevo proyecto del Ejecutivo llegó después, como asunto 519/26, acompañado del pedido de tratamiento de urgencia.

El debate dejó además un contraste institucional. La del jueves fue apenas la cuarta sesión ordinaria de 2026. La tercera había sido el 22 de mayo, por lo que transcurrieron 132 días sin sesiones ordinarias antes de que la Cámara volviera a reunirse. La propia Legislatura identifica la reunión de mayo como la tercera sesión del año. 

Ahora, después de ese período, uno de los asuntos centrales quedó sometido a un mecanismo que obliga a resolverlo en un máximo de 30 días. La definición del jueves, entonces, no cerró la discusión sobre el financiamiento educativo: fijó las condiciones y los tiempos en que deberá darse.

El proyecto continuará en las comisiones de Educación y Economía, donde deberá discutirse tanto el destino del nuevo Fondo como el punto que concentra las mayores diferencias: quién aportará los recursos y qué impacto tendrá el esquema propuesto sobre bancos, servicios, recaudación provincial y fondos que actualmente integran la distribución a los municipios.