La respuesta de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) al amparo presentado por dos trabajadoras de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) puso en primer plano una contradicción de la intervención del Puerto de Ushuaia: Nación administra la terminal y sus ingresos, pero sostiene que la Provincia debe continuar afrontando los salarios.

Según la información publicada por El Diario del Fin del Mundo, la Agencia presentó una contestación de 46 páginas en la que argumentó que no es empleadora de las demandantes, porque ambas mantienen su vínculo laboral con la DPP. Desde esa posición, afirmó que las obligaciones salariales y laborales siguen siendo responsabilidad del organismo fueguino.

El argumento distingue la administración del Puerto de la relación laboral con sus trabajadores. Pero deja abierto un problema concreto: la DPP conserva la obligación de pagar los sueldos mientras perdió el manejo de los ingresos de la terminal intervenida.

Los ingresos bajo control nacional, los salarios a cargo de la Provincia

En su respuesta, la ANPYN defendió el régimen económico establecido durante la intervención, por el cual los pagos de los operadores portuarios se canalizan a través de una cuenta a nombre de la Administración General de Puertos (AGP).

Ante el pedido de que esos recursos sean depositados en cuentas de la DPP, sostuvo que hacerlo modificaría el esquema de administración económica vigente.

Allí está el centro de la contradicción: la Agencia reivindica el manejo de los recursos que genera el Puerto, pero ubica la responsabilidad salarial exclusivamente del lado provincial. Invocar la continuidad del vínculo laboral con la DPP no resuelve, por sí solo, cómo debe financiarse esa obligación tras haber quedado desplazada de la administración de la terminal.

La ANPYN también señaló que el organismo provincial asumió el compromiso de mantener los salarios. Ese compromiso, sin embargo, no elimina la discusión sobre los recursos necesarios para cumplirlo.

La decisión sobre quién puede trabajar dentro del Puerto

La Agencia sostuvo que no despidió, suspendió ni sancionó a las demandantes y que no decidió sus destinos laborales dentro de la administración provincial.

Al mismo tiempo, reconoció que determinó cuál era el personal indispensable para garantizar la continuidad operativa de la terminal. Ese esquema incluyó una nómina enviada a la Prefectura Naval Argentina para establecer quiénes podían ingresar durante la intervención.

La distinción formal no despeja otra tensión del conflicto: aunque la ANPYN niegue ser empleadora, sus decisiones sobre el acceso al Puerto tienen consecuencias directas sobre la actividad de los trabajadores provinciales.

Por eso, la discusión no se agota en quién figura como empleador. También comprende las decisiones de la intervención sobre el lugar de trabajo y la administración de los ingresos con los que la Provincia debe sostener la estructura laboral.

La contestación de la ANPYN expresa su postura frente al reclamo; no constituye una resolución judicial sobre el fondo del conflicto. Pero deja definido el esquema que defiende Nación: mantener el control de la administración y los recursos del Puerto, mientras Tierra del Fuego conserva las obligaciones salariales. Esa separación entre el manejo de los ingresos y el sostenimiento de los trabajadores es el principal punto de cuestionamiento a la respuesta nacional.