La discusión por el financiamiento de la educación y la salud volverá este miércoles a la Legislatura provincial, en un contexto marcado además por el prolongado conflicto docente y el reclamo de mayores recursos para el sistema educativo.

 

Desde las 13 horas, la Comisión de Educación Nº 4, presidida por el legislador Luciano Selzer, analizará dos proyectos que comparten un objetivo general —incrementar y dar previsibilidad a los recursos— pero presentan diferencias importantes respecto de qué sectores alcanzan, cuánto dinero pretenden destinar y de dónde surgirían esos fondos.

 

La Comisión convocó además a cámaras y referentes empresariales de Tierra del Fuego debido a que ambas iniciativas contemplan modificaciones o afectaciones sobre recursos tributarios provinciales y, por lo tanto, podrían tener impacto directo sobre distintas actividades económicas.

 

El proyecto del Ejecutivo: 13% del PBG para educación y salud

 

La primera iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo provincial y crea un Régimen de Financiamiento Integral para el Sistema Educativo y el Sistema de Salud Pública.

 

Su principal objetivo es que la Provincia avance progresivamente, en un plazo máximo de cinco ejercicios fiscales, hacia una inversión conjunta equivalente al 13% del Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego.

 

Ese porcentaje no se distribuiría en partes iguales: el proyecto establece que el 60% de los recursos deberá destinarse a educación y el 40% a salud.

 

La meta, sin embargo, está condicionada por la evolución de la economía provincial. Si en alguno de esos años el PBG no creciera en términos reales, o se registrara una caída real de la coparticipación nacional o de la recaudación provincial, ese ejercicio no sería computado dentro del plazo de cinco años previsto para alcanzar el objetivo.

 

El proyecto no crea un único impuesto destinado exclusivamente a financiar ese 13%, sino que habilita distintas fuentes.

 

Entre ellas contempla hasta el 12,5% de los recursos adicionales que se obtengan mediante incrementos de alícuotas o afectaciones específicas sobre actividades productivas o económicas consideradas estratégicas.

 

También permite destinar hasta el 50% de los nuevos recursos que se generen a partir de modificaciones en las alícuotas, bases imponibles o revalúos del Impuesto Inmobiliario, además de incorporar parte de las utilidades distribuibles de empresas estatales, entre otras fuentes previstas en la iniciativa.

 

Es decir, el proyecto del Ejecutivo plantea un esquema integral para dos áreas —educación y salud— y fija una meta de inversión vinculada al tamaño de la economía provincial, pero deja abiertas distintas herramientas para alcanzar progresivamente ese objetivo.

 

El proyecto del interbloque: un fondo exclusivo para Educación

 

La segunda iniciativa tiene un enfoque diferente. Fue presentada por los bloques Partido Justicialista, Movimiento Popular Fueguino, Partido Verde, Somos Fueguinos y Provincia Grande y propone crear específicamente un Fondo de Financiamiento Educativo (FFE).

 

A diferencia del proyecto del Ejecutivo, no plantea una meta global sobre el PBG ni incorpora a salud como destinataria principal del nuevo fondo. Su objetivo es separar y garantizar recursos específicos para el sistema educativo.

 

Uno de los cambios centrales es la modificación de la Ley provincial 907, que actualmente establece el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales para salud y educación.

 

La propuesta fija una distribución concreta: el 60% de lo efectivamente recaudado por ese fondo deberá transferirse automáticamente al nuevo Fondo de Financiamiento Educativo y el 40% restante continuará destinado a salud.

 

Esos recursos surgirían de una alícuota adicional del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aplicable a las actividades comprendidas por la normativa, con determinadas excepciones. Además, continuarían teniendo carácter de afectación específica y no serían coparticipables a los municipios.

 

Pero el proyecto agrega otra fuente relevante: crea un Fondo de Financiamiento Pedagógico, que se integraría directamente con la recaudación de Ingresos Brutos correspondiente a determinadas actividades financieras contempladas en la Ley provincial 440.

 

A eso se suma la posibilidad de destinar hasta el 8% de las utilidades netas que perciba la Provincia de empresas estatales o sociedades con participación estatal mayoritaria, particularmente Terra Ignis Energía, siempre que existan utilidades distribuibles después de las obligaciones de reinversión.

 

Salarios docentes, infraestructura y equipamiento

 

Otra diferencia importante es que el proyecto del interbloque establece expresamente para qué podrá utilizarse el dinero.

 

Entre los destinos aparece en primer lugar la recomposición progresiva del salario docente real, tomando como referencia la evolución de la Canasta Básica Total y la disponibilidad fiscal.

 

También prevé recursos para infraestructura y mantenimiento escolar, equipamiento y tecnología, programas de inclusión y acompañamiento socioeducativo, capacitación docente, investigación e innovación.

 

Este punto cobra especial relevancia en medio del conflicto con SUTEF, ya que incorpora de manera explícita el salario docente entre los destinos posibles del fondo.

 

El proyecto establece además mecanismos de control. Propone crear un Observatorio de Financiamiento Educativo, con participación de Educación, Economía, AREF, organizaciones sindicales docentes y representantes de la sociedad civil, encargado de monitorear la recaudación y el uso de los fondos.

 

Dos caminos para una misma discusión

 

Aunque ambos proyectos buscan aumentar los recursos disponibles, no son equivalentes.

 

El proyecto del Ejecutivo tiene un alcance más amplio: establece una meta de inversión conjunta para salud y educación equivalente al 13% del PBG, distribuida 60%-40%, y propone distintas fuentes para financiarla gradualmente durante cinco años.

 

El del interbloque, en cambio, pone el foco exclusivamente en educación, crea una cuenta específica, fija qué porcentaje de un fondo existente deberá destinarse obligatoriamente al área y establece destinos concretos, incluido el salario docente.

 

En los dos casos aparece, sin embargo, una discusión que seguramente atravesará el encuentro con las cámaras empresariales: una parte del financiamiento depende de recursos vinculados a la actividad económica y a la recaudación de impuestos provinciales.

 

Por eso, más allá del consenso respecto de la necesidad de fortalecer educación y salud, el debate legislativo tendrá ahora otro eje inevitable: quiénes aportarán los recursos adicionales y cuánto impacto tendrá ese esquema sobre el sector productivo y comercial de Tierra del Fuego.