Blanco participó de una nueva reunión de la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura provincial, presidida por el legislador Pablo Villegas. También fue convocado el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, quien presentó las actuaciones realizadas por el Municipio.

Durante su exposición, el exsenador entregó documentación sobre las gestiones que impulsó entre junio de 2023 y el final de su mandato. El material incluye pedidos de información, reuniones con funcionarios nacionales y provinciales y una presentación ante la Fiscalía de Estado.

Blanco recordó que en julio de 2023 mantuvo un encuentro con representantes de LeoLabs bajo la impresión de que la instalación todavía era un proyecto. Sin embargo, sostuvo que una directiva de la compañía le mostró en una computadora que el radar ya se encontraba en período de prueba.

“La sorpresa fue grande. Me dijo: ‘Así funciona, está en período de prueba’. Mi reacción fue decirles que bajo ningún punto de vista podían estar funcionando de esa manera”, relató.

A partir de ese encuentro, comenzó a realizar averiguaciones ante distintos organismos y, según indicó, comprobó que ni el Ministerio de Defensa ni la Cancillería tenían conocimiento formal de la instalación. Afirmó que las autorizaciones existentes habían sido otorgadas por funcionarios de “tercera o cuarta línea”.

También puso la mirada sobre la inscripción en Tierra del Fuego de la subsidiaria argentina de la empresa, integrada —según señaló— por capitales británicos e irlandeses. “¿A nadie le llamó la atención?”, cuestionó.

Blanco sostuvo además que las investigaciones realizadas permitieron concluir que el radar posee una función dual, es decir, capacidad para ser utilizado con fines civiles y militares. En ese contexto, advirtió que aún no se pudo determinar si permanece operativo.

“Todavía no sabemos si está funcionando. Está instalado desde el primer día y, aunque tenga cortada la provisión de energía eléctrica, cuenta con un generador”, señaló.

El exlegislador nacional consideró que existieron responsabilidades tanto de organismos nacionales como de autoridades provinciales. Además, remarcó que la instalación de un radar de estas características no debería haberse concretado sin la intervención de Defensa y Cancillería.

Finalmente, vinculó el caso con la cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y advirtió sobre la relación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido.

De la reunión participaron representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas y los legisladores Federico Greve, Myriam Martínez, Natalia Gracianía, Juan Carlos Pino, Raúl Von der Thusen, Jorge Lechman y Gisela Dos Santos.