En medio de la decisión del Gobierno nacional de desprenderse de terrenos públicos ubicados en Tierra del Fuego, el legislador Matías Lapadula presentó un proyecto que busca reforzar la protección del territorio provincial y evitar que tierras consideradas estratégicas queden expuestas únicamente a la lógica del mercado.

La propuesta plantea reconocer el territorio fueguino como un activo estratégico para el desarrollo, la soberanía y el futuro de la provincia, en un contexto atravesado por dos decisiones nacionales: la posible subasta de inmuebles ubicados en Río Grande y Ushuaia y el impulso de una reforma al régimen de tierras rurales que flexibilizaría las restricciones vigentes para compradores y capitales extranjeros.

El planteo intenta correr la discusión del plano estrictamente inmobiliario. Para Lapadula, no se trata solamente de quién puede comprar un terreno, sino de qué uso podrá darle, qué recursos existen dentro de ese espacio y qué capacidad conservará el Estado fueguino para decidir sobre sectores sensibles de su propio territorio.

Tierra del Fuego concentra reservas de agua dulce, bosques nativos, recursos hidrocarburíferos, áreas rurales y zonas de frontera, además de ocupar una posición geopolítica vinculada con el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y el acceso a la Antártida. Por eso, el legislador sostiene que la eventual transferencia de grandes extensiones o de predios estratégicamente ubicados no puede quedar reducida a una operación entre particulares.

La Provincia no puede impedir una venta, pero sí condicionar su destino

Uno de los puntos centrales es el margen de intervención que todavía conservan la Provincia y los municipios. Aunque Nación tenga facultades para vender bienes de su propiedad, las autoridades locales pueden regular los usos del suelo, establecer condiciones urbanísticas y ambientales e impedir determinados desarrollos sobre esos espacios.

Lapadula ya había señalado que el ordenamiento territorial de Río Grande podía convertirse en una herramienta concreta para fijar qué actividades podrán realizarse en los terrenos que salgan a subasta durante las próximas décadas. “No podremos hacerlo desde la propiedad, pero sí desde el uso que se le va a dar”, había explicado.

El proyecto busca transformar esa discusión en una política provincial más amplia: que el destino de los inmuebles no dependa solamente del precio ofrecido por un comprador, sino también de su ubicación, su valor ambiental, los recursos que contienen y su importancia para el desarrollo futuro de Tierra del Fuego.

El temor a que tierras públicas terminen en negocios privados

La iniciativa también apunta contra la posibilidad de que predios actualmente pertenecientes al Estado terminen destinados a grandes emprendimientos inmobiliarios sin una planificación previa o sean adquiridos en un escenario de mayor extranjerización del suelo.

Lapadula cuestionó que el Gobierno nacional haya avanzado con la venta de bienes sin explicar con claridad qué destino tendrán los fondos obtenidos y planteó que, antes de subastarlos, deberían ser ofrecidos o transferidos a la Provincia y a los municipios.

El legislador sostiene que la discusión excede al gobierno de turno porque, una vez vendido un terreno estratégico, recuperarlo para el patrimonio público puede resultar imposible. Su argumento se resume en una frase que ya había utilizado al cuestionar las subastas: “La tierra no se produce. No vamos a tener más territorio”.

La iniciativa deberá ahora ingresar en el debate legislativo, donde quedará por definir cuál será su alcance concreto y qué herramientas efectivas tendrá la Provincia para intervenir. Pero el proyecto instala una discusión de fondo: si Tierra del Fuego debe considerar su territorio como una mercancía disponible para quien ofrezca más o como un recurso limitado que necesita reglas especiales de protección.