Los fundamentos de la detención del histórico dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, revelan que el Tribunal valoró una serie de factores que, a su criterio, hacían necesaria su inmediata detención tras la condena a cinco años de prisión efectiva por las estafas vinculadas a las viviendas de Río Pipo.

Entre los principales argumentos, los jueces señalaron el riesgo de fuga derivado de la pena impuesta y la posibilidad de que el condenado pudiera influir sobre personas vinculadas a la causa. En ese sentido, destacaron el poder de influencia que Córdoba mantuvo durante años al frente de distintas instituciones y organizaciones.

El Tribunal también tuvo en cuenta testimonios incorporados durante el debate oral que reflejaron situaciones de temor por parte de algunas de las personas involucradas en la investigación, así como antecedentes de presiones y conflictos surgidos en torno a una causa que se extendió durante casi una década.

La resolución se conoció luego de que Córdoba y Miguel Arana fueran condenados como coautores de estafas reiteradas en perjuicio de personas que entregaron dinero, vehículos y otros bienes con la expectativa de acceder a viviendas que nunca recibieron.

La investigación judicial concluyó que existió un mecanismo mediante el cual se ofrecían soluciones habitacionales a particulares, incluso a personas que no reunían las condiciones para integrar los listados de adjudicatarios de las viviendas construidas en Barrancas del Río Pipo.

Los fundamentos difundidos ahora permiten conocer por qué el Tribunal resolvió que la condena no debía esperar firmeza para hacerse efectiva y dispuso el inmediato alojamiento de los condenados en unidades de detención de la provincia.