El secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), Ricardo Alonso, vinculó el acuerdo de patrullaje entre la Armada y Estados Unidos en el Atlántico Sur con la intervención del puerto de Ushuaia con parte de un “esquema” de entrega de soberanía del Gobierno nacional.

“Se trata de un acuerdo que fue dado a conocer por la Embajada de Estados Unidos y no por el Estado Argentino, pero que además tampoco pasó por el Congreso que es, constitucionalmente, el que tiene la responsabilidad de aceptar o no acuerdos para el ingreso de fuerzas extranjeras al país o la salida de fuerzas argentinas hacia otra nación”, repasó Alonso en declaraciones a FM Centro de Ushuaia.

Para el dirigente portuario “esto no es casualidad y forma parte de un esquema que comenzó con el mismo inicio del gobierno de Javier Milei”, entendiendo además que “los fueguinos están prácticamente en el centro de este conflicto” tras una serie de medidas adoptadas por el Gobierno.

“Milei asumió en diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024 firma la autorización al puerto de Montevideo para profundizar su canal de acceso a 14 metros, y esto que parece una medida de relación internacional con un país vecino no es tan sencilla, porque el pedido venía en discusión desde hace mucho tiempo y siempre en Argentina se había negado en el ámbito de la comisión administradora del Río de la Plata porque iba en detrimento del puerto de Buenos Aires”, repasó.

Y agregó: “En la misma semana, el Gobierno anunció la caída de la licitación del dragado del Canal Magdalena, que es la vía más natural que tiene el Río de la Plata o el Río Paraná para salir hacia las líneas internacionales en el mar abierto, y prioriza el Canal Punta Indio, que es el que te lleva directamente a Montevideo, es decir, va en contra de la corriente, pero te lleva al puerto de Montevideo”.

“Pocos días después, si bien el convenio estaba siendo tratado desde el Gobierno anterior por las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP), se firma el convenio con el Grupo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para el control de la hidrovía Paraná-Paraguay”, amplió.

Alonso relató que “posteriormente, en enero de este año, se anuncia la intervención del puerto de Ushuaia, y antes de eso, en abril de 2024, la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, había visitado la isla y el presidente Javier Milei viajó rápidamente para recibirla porque el Gobernador (Gustavo Melella) se había negado a recibirla”.

“Ahora se coloca el broche de oro con este convenio para el control sobre zonas de interés común global (en el Atlántico Sur), que no se define cuáles son esas zonas pero que, en una parte del acuerdo, habla de la zona económica exclusiva”, por lo que “se puede ver como viene todo atado de lo mismo”.

“Van a ir todos a declarar a Comodoro Py”

Asimismo, alertó que por la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay “van a ir todos a declarar a Comodoro Py”, mencionando así al ministro de Economía Luis Caputo; al director Ejecutivo y titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor; el interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gastón Benvenuto y hasta el asesor presidencial Santiago Caputo.

Para Alonso “hemos regalado la frontera marítima y fluvial argentina y no hay mucho más que analizar. Hemos regalado el acceso a la zona antártica, hemos regalado la conexión bioceánica Atlántico-Pacífico, y si esto sigue y no hay nadie que le ponga un punto final, va a seguir de una forma totalmente anticonstitucional”.

“Reitero lo mismo: la intervención del puerto de Ushuaia es inconstitucional, este acuerdo (de patrullaje) con Estados Unidos es inconstitucional y el acuerdo con los ingenieros del Ejército de Estados Unidos es inconstitucional también porque no pasaron por los organismos que tenían que autorizarlos”, acusó.

Para el integrante de APDFA “todo es parte de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China” en el que Argentina favorece los intereses norteamericanos.

El acuerdo con Estados Unidos “ni siquiera fue dado a conocer por la Armada Argentina, porque si lo hace el Jefe de la Armada va a tener que dar respuestas en el Congreso sobre por qué se firmó y quién lo autorizó, si fue el Ministro de Defensa o el propio Presidente”.

“Esto tiene consecuencias graves para el sistema constitucional argentino, pero también va a tener consecuencias graves para el Gobierno nacional”, pronosticó.

A la espera de un fallo de la Corte Suprema

Alonso advirtió que sin un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Tierra del Fuego “dudo que estos muchachos (de la intervención) se vayan del puerto de Ushuaia en doce meses como dijeron”, aunque comprometió el apoyo de APDFA “para acompañar a los trabajadores del puerto de Ushuaia en todo lo que haga falta”.

“La discusión no se está dando precisamente en Tierra del Fuego, sino que se está dando en otro ámbito”, opinó,

Por último, el dirigente remarcó que la intervención del puerto fueguino hace gala de gestiones que nunca realizó, a través de comunicados de prensa que difunde a medios nacionales. “Los resultados económicos que dieron a conocer de la última temporada de cruceros se gestionaron hace dos años por las autoridades anteriores, y la temporada de cruceros que viene también está gestionada por las autoridades anteriores. La intervención no hizo nada excepto mandar la caja a una cuenta del Banco Nación de Buenos Aires”.

“Se pone a Tierra del Fuego en una situación compleja de inseguridad jurídica para lo que vendrá, y estamos hablando de la temporada 2027-2028 porque la temporada 2026-2027 ya está vendida. Capaz que se le cumple el sueño a Sturzenegger de convertir a Tierra del Fuego en un gran parque de diversiones, esperemos que no”, cerró.