lunes 12 de mayo de 2025 - Edición Nº3157
Critica Sur » Sociedad » 27 jul 2017

conflicto politico

Lanata deportado de Venezuela: Cancillería pide aplicar el "Protocolo de Ushuaia"

A partir de la deportación del periodista Jorge Lanata de Venezuela, el canciller Jorge Faurie volvió a plantear la posibilidad de aplicar el "Protocolo de Ushuaia" y dijo que "lo que pasó hoy Lanata nunca debería ocurrir en ningún país de América Latina". Repasamos las características de ese protocolo.


El gobierno de Nicolás Maduro deportó hoy a Jorge Lanata de Venezuela. El periodista iba a cubrir la elección Constituyente del próximo domingo para su programa del domingo en "Periodismo para Todos", en Canal 13.

El periodista llegó en un avión junto a la productora Martina Perdiguero y un camarógrafo. Cuando llegaron a migraciones, un oficial controló sus pasaportes y les negaron el ingreso tanto a Lanata y su productora. Posteriormente fueron deportados.

A raíz de este incidente, el Canciller Jorge Faurie sostuvo que “lo que vivió Jorge Lanata motiva la aplicación del protocolo de Ushuaia”.

No es la primera vez que Argentina propone la aplicación de este protocolo, también conocido como “Cláusula Democrática del Mercosur”.

Se trata de un mecanismo con el que cuenta el bloque regional para activar la suspensión de cualquiera de sus miembros en caso de ruptura del orden constitucional, como ocurrió en 2012 con Paraguay por el juicio político exprés al que fue sometido el entonces presidente Fernando Lugo.

El documento, también conocido como ‘Protocolo de Ushuaia’, fue suscrito originalmente por los miembros fundadores en 1998 en la capital fueguina y más tarde firmado por Bolivia y Chile, países asociados al bloque.

El protocolo contempla “la ruptura del orden democrático” como causal de aplicación del mismo y del procedimiento establecido que consiste en un sistema de consultas entre los estados miembros con el país afectado.

A partir de allí se aplicarán medidas al estado afectado, como la suspensión del derecho a participar en los órganos del Mercosur, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de los Tratados Constitutivos, quedando a criterio del resto de los estados miembros la graduación de las medidas, que deberán ser aplicadas por consenso.

El cese de las medidas tendrá lugar sólo cuando se haya restablecido el orden democrático en el país afectado.

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