La intervención del puerto de Ushuaia suma un elemento clave que pone en duda uno de sus principales fundamentos: un documento oficial de la Prefectura Naval Argentina emitida durante los primeros dias de enero de este año al que accedió Crítica Sur que certifica que la terminal cumple con todas las normas internacionales de seguridad vigentes hasta el año 2029. Un informe que misteriosamente desapareció luego de la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y debió emitir nuevamente la Prefectura por duplicado. 

Se trata de la “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, emitida el 14 de enero de 2026, en el marco del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Allí, la autoridad marítima deja constancia expresa de que el puerto se encuentra en regla.

Según el documento, la instalación portuaria “cumple con las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y del Código PBIP”, lo que representa el estándar global en materia de protección portuaria.

Además, se certifica que “la instalación portuaria opera de acuerdo con un Plan de Protección aprobado”, requisito indispensable para garantizar condiciones de seguridad en la operatoria marítima internacional.

El informe también detalla el alcance de esa certificación, al señalar que el puerto está habilitado para la atención de “buques de pasaje, carga general, contenedores y buques pesqueros”, lo que reafirma su funcionamiento dentro de los parámetros exigidos.

Otro dato central es la vigencia del documento: “la presente declaración tendrá validez hasta el 29 de octubre de 2029”, lo que evidencia que la certificación no solo es reciente, sino que proyecta su cumplimiento en el tiempo, sujeto a auditorías periódicas.

Misterioso "extravío"

El propio documento incorpora un elemento que agrega interrogantes: se trata de un duplicado, ya que el original fue extraviado. Según se consigna, “el presente duplicado se extiende en razón de haberse extraviado el original en circunstancias de tiempo, lugar y modo que se desconocen”, de acuerdo a la exposición 06/2026, vinculada al expediente 2025-110201780.

La constancia fue firmada el 14 de enero de 2026 por el Prefecto Mayor Carlos Eduardo Córdoba, jefe del Departamento Policía Judicial.

Estos puntos entran en contradicción directa con los argumentos expuestos por la ANPYN al momento de justificar la intervención, donde se señalaron presuntas falencias en materia de seguridad.

La existencia de esta certificación abre una serie de interrogantes. Si el puerto no cumplía con las condiciones requeridas, ¿por qué la Prefectura —autoridad competente en la materia— avaló su funcionamiento bajo normas internacionales hace apenas unos meses? ¿Se produjeron cambios sustanciales en un lapso breve o existen diferencias de criterio entre organismos del Estado?

En este contexto, la discusión trasciende lo administrativo y se instala en un terreno más sensible: la consistencia de los fundamentos utilizados para intervenir una infraestructura estratégica.