Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei planea ingresar al Congreso en diciembre es la reincorporación del vale de comida al sueldo de los trabajadores. Este beneficio, calificado como no retributivo, no se computará para el cálculo de indemnizaciones por despido o incapacidad, ni para los aportes al régimen jubilatorio, lo que genera un fuerte rechazo entre sindicatos y especialistas en derecho laboral.

El Ejecutivo insiste en reactivar el denominado "Ticket Canasta", permitiendo que los empleadores abonen parte del salario mediante estos vales. Históricamente, esta modalidad implicó una reducción efectiva del salario real, ya que los tickets no se contabilizaban para aportes jubilatorios, aguinaldos, adicionales por horas extraordinarias ni pagos durante licencias por enfermedad, accidentes o vacaciones. En caso de indemnización, su valor tampoco se consideraba en el cálculo final.

Lo que representó una fuente de ganancias para los empresarios no se traducía en beneficios para los trabajadores. Estos no percibían los tickets durante periodos de licencia por enfermedad o accidente, ni en vacaciones; no cobraban aguinaldo sobre su monto; y, en situaciones de despido o incapacidad, el valor de los vales quedaba excluido de la liquidación indemnizatoria. Además, no se computaban para el pago de adicionales ni horas extras.

Los vales, conocidos como Ticket Restaurant, Canasta, Luncheon o bajo otras denominaciones, fueron moneda corriente en los contratos laborales de los años ''90, amparados en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esta norma regula los "beneficios sociales no remunerativos" proporcionados por los empleadores, que no integran el cálculo salarial ni indemnizatorio de los trabajadores.

Su implementación sistemática se remonta a 1989, en medio de la hiperinflación, con el objetivo declarado de mitigar sus efectos. Fue durante los albores de la convertibilidad uno a uno, impulsada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, cuando se generalizó su uso. Los vales alimentarios no sufrían descuentos por aportes previsionales, y contaban con un aporte patronal del 14% destinado a las asignaciones familiares.

Al promediar su vigencia, en 2005, alrededor de 5.000 empresas operando en el país incorporaron los tickets como medio de pago. Los percibía el 15% de los trabajadores registrados, equivalente a 1,5 millones de personas, y representaban el 13% de la remuneración total.

Mientras el sistema estuvo activo, el Estado, los trabajadores, sus organizaciones sindicales y las obras sociales perdieron un total de 21.000 millones de dólares, recursos que se transfirieron directamente al sector empresario. Las empresas emisoras de vales, por su parte, generaban ganancias significativas: en 2007, cuando se derogó la norma, obtuvieron unos 125 millones de dólares.

La derogación ocurrió en 2007 por iniciativa del Congreso, a partir de un proyecto de ley impulsado por el abogado laboralista y entonces diputado Héctor Recalde. Durante el debate, Recalde expuso un intento de soborno captado en cámara oculta, en el que empresas del rubro intentaban influir en la votación para mantener el sistema.

La líder del sector, Accor, obtenía ingresos de tres fuentes principales: cobraba un adicional entre el 2% y el 6% del monto total al vender los tickets a las empresas empleadoras; retenía entre el 1,5% y el 6% al comercio que recibía los vales y los canjeaba por efectivo, aplicando una tasa de descuento; y, en el medio, generaba una masa de dinero en efectivo que podía "colocar transitoriamente en el sector financiero para su propio beneficio", según detalló el CENDA.