La Asociación Manekenk y diversas organizaciones ambientales y sociales expresaron su preocupación ante el avance acelerado en la Legislatura de un nuevo proyecto de ley de acuicultura impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, que consideran “débil en lo normativo, peligroso para el ambiente y carente de debate democrático”.

Nancy Fernández, vocera de la asociación, advirtió que la iniciativa fue presentada “entre gallos y medianoche” y que contiene graves deficiencias. Entre ellas, señaló que el texto otorga prioridad al uso del agua para la acuicultura por encima del consumo humano, contradice lo establecido en la Ley 1126 —que define con claridad la autoridad competente en materia de control y regulación— al trasladar esa potestad a la Secretaría de Pesca, no establece sanciones ante episodios de contaminación, carece de medidas de fiscalización y omite regular las tasas por uso de recursos como agua, tierras y energía eléctrica.

Fernández también calificó como “inusual y provocadora” la decisión del bloque FORJA de convocar a la Comisión 3 en Río Grande, cuando tradicionalmente estas sesiones se realizan en Ushuaia, en la sala de comisiones de la Legislatura, equipada para el tratamiento formal de estos temas.

La vocera recordó que la Ley 1355, aprobada en 2021, continúa sin reglamentarse, y cuestionó que ahora se intente reemplazarla en apenas diez días. “En cuatro años no se reglamentó una ley de seis artículos que hubiera permitido desarrollar una acuicultura regulada y sostenible, y de repente se quiere aprobar una nueva norma sin consultar a todos los sectores”, señaló.

Para la Asociación Manekenk, cualquier desarrollo acuícola debe surgir de un proceso transparente y participativo, que incluya a pescadores artesanales, cooperativas, comunidades costeras, científicos y autoridades ambientales. “No se puede legislar a la medida de intereses empresariales sin evaluar su verdadero impacto socioambiental”, sostuvo Fernández.

Finalmente, la organización instó a los legisladores a frenar el dictamen y abrir un debate amplio. “La Ley 1355 fue un símbolo internacional de un modelo productivo que protege el ecosistema fueguino. Retroceder en ese compromiso enviaría una señal política negativa al país y al mundo”, concluyó.