A través de un proyecto de ley, el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) en la Legislatura propone regular las denominadas ‘desobligaciones’ realizadas por el SUTEF, cuestionando que desde 2023 la dirigencia del gremio docente es la que decide 'cuándo y dónde' se brindan clases en Tierra del Fuego.

En ese contexto, la iniciativa firmada por los legisladores Pablo Villegas y Damián Löffler “persigue establecer las reglas de juego legales a las que deberán ajustarse las denominadas 'desobligaciones' bajo apercibimiento de ser declaradas ilegales”.

Para el bloque del MPF “las desobligaciones docentes son medidas de acción directa implementadas por el SUTEF en el marco de reclamos salariales”, haciendo foco en que “consisten en la suspensión de las actividades escolares por parte de los docentes, lo que afecta el normal desarrollo del ciclo lectivo”.

“Las desobligaciones son un falso ropaje con la que la entidad gremial impide la posibilidad concreta de que nuestros niños y adolescentes puedan tener clases de modo normal”, agrega el proyecto.

Asimismo, se considera que las desobligaciones representan “una modalidad encubierta y abusiva de una medida de fuerza que, sin observar las “formas” y “modos” que el sistema legal vigente establece para las legítimas medidas de acción directa, evitan los descuentos de las horas y/o días no laborados por el personal docente frente a la detracción de su obligación de trabajo”.

Por último, el MPF plantea que este proyecto de ley debe ser tomado como “una intervención activa del Estado para remover los obstáculos que impiden que los niños y adolescentes ejerzan efectivamente sus derechos, en este caso el derecho a formarse”.

“El ejercicio del derecho a aprender está en crisis, es decir, no se encuentra garantizado para todos en iguales condiciones”, señala la propuesta.

Además, la propuesta legislativa reprocha que “en estos últimos años se ha llegado al absurdo en que un trabajador docente -en su horario laboral- pase horas y horas 'desobligado' sin dar cumplimiento a sus deberes y sin consecuencias legales”.

“No podemos seguir avalando con nuestra inacción, a que haya niños de primera categoría y de segunda categoría en nuestra Tierra del Fuego. Todos tienen el derecho a educarse”, resalta el proyecto. 

Aviso al Gobierno y descuentos salariales

El proyecto, que consta de 7 artículos, establece que las denominadas 'desobligaciones' son "paros por horas o tiempo determinado llevados a cabo por personal docente de forma colectiva" y obliga al SUTEF a "presentar debida y formal notificación a la autoridad de aplicación con un plazo de antelación no inferior a los 3 días hábiles a la fecha en que se pretenda efectuar la misma".

Además, obliga a las autoridades del Ministerio de Educación a "ejecutar todas y cada una de las acciones de carácter administrativo para certificar que el personal docente se adhiere a las desobligaciones".

Por último, exige que las 'desobligaciones' sean descontadas del salario del docente que adhiere a esta medida.

| Redacción Crítica Sur |