Una denuncia penal de más de 30 páginas presentada ante el Juzgado Federal encendió las alarmas por la situación en la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Tres altos directivos fueron acusados por presuntos delitos graves vinculados a maniobras fraudulentas que comprometerían recursos públicos destinados a su supuesto enriquecimiento personal. Además, se cuestiona con dureza la inacción del INAES, el ente nacional que debía fiscalizar el funcionamiento de la entidad.

La doctora Adriana Varisco es quien representa al denunciante, un ex empleado de la Cooperativa Eléctrica despedido, quien pidió el resguardo de su identidad por "seguridad" pero figura en el expediente judicial.

Se trata de una denuncia penal contra tres integrantes de la administración de este organismo: el gerente de la Cooperativa Santiago "Paqui" Barrientos, el subgerente Segundo Santana y el contador Ezequiel krok.

Una presentación judicial que también acusa al veedor designado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo estatal encargado del control de cooperativas y mutuales. Esto a partir de haberse advertido diversas irregularidades en el manejo de la Cooperativa, que a entender del denunciante siguen ocurriendo al día de hoy y hacen necesaria la intervención de la justicia. 

La denuncia sostiene que el veedor no presentó el informe técnico dentro del plazo de 90 días establecido por norma, ocultó información relevante, especialmente sobre contrataciones y desvío de fondos y no actuó pese a contar con documentación contable presuntamente irregular. "Su inacción fue tan grave que nos obligó a judicializar el caso", declaró la abogada del denunciante en declaraciones a FM Aire Libre.

Según la letrada, el uso discrecional de fondos, contrataciones sin respaldo técnico ni administrativo y la manipulación de balances constituyen un accionar sistemático destinado al beneficio privado de unos pocos.

Aunque no se especificaron cifras, la denuncia es contundente al afirmar que los fondos de la Cooperativa —que deberían destinarse a fines sociales— fueron desviados para fines personales. Los balances no cerrarían y los gastos operativos tendrían irregularidades manifiestas.

"No estamos hablando de una empresa privada; estamos hablando de una cooperativa, que en la práctica está siendo administrada por personas que solo pretenden su beneficio personal. Y cuando se habla de beneficio personal, se alude a desvío en beneficio propio y/o de terceros de aquello que ingresa a la cooperativa", sostiene la denuncia haciendo referencia al enriquecimiento exponencial y estilos de vida de los denunciados.

Los hechos denunciados

En el expediente figuran unos 30 hechos puntuales y denuncias específicas sobre situaciones que -a criterio del denunciante- deben ser investigados por la justicia, entre ellos menciona:

-  "Se sabe de un contrato a precio vil, por el uso de columnas a la empresa TV Fuego, no teniendo correlación con el canon de la locación a empresa de similar servicio – AMX-Claro -. Ello le permite a la primera el uso de la infraestructura de la Cooperativa, sin ningún tipo de límite ni de proyección, ya que cada nueva columna de la Cooperativa que es instalada, se usa de forma inmediata sin costo por la empresa antes nombrada, con lo cual hay un tipo de “sociedad” en una deficitaria empresa de comunicaciones".

- "En igual medida se saben de negociados sobre los elevados precios de los proveedores de los materiales a la Cooperativa, concretamente la compra en materiales en la “Distribuidora Rocca SA”, ya que la cotización de ésta es siempre cotizada en el triple, comparada con otros proveedores o locales que venden los mismos materiales".

- Existe una negligente gestión en el cobro de las deudas que son de carácter importante, como por ejemplo la convergencia – pérdidas no técnicas de la Margen Sur – que implican la prescripción de las mismas con un importante perjuicio a la Cooperativa. Otra de las pruebas de la nula gestión de los cobros, es la empresa “Cryptopatagonia” quien debe más de 90 millones y no se inició ningún trámite tendiente a asegurar el cobro de la misma. También y no menos llamativo es la falta de cobro a los asociados Nros.: 20-032-00, 20-033-010, 20-033-15 y 95-073-010, quienes a la fecha suman más de ciento setenta (170) millones de pesos. A modo ejemplificativo, si se lleva adelante la gestión de cobro de estas tres deudas, se puede abonar lo que en la fecha se mantiene pendiente de pago respecto y hacía con “Camessa”.

- "Cuando menciono que podrían existir hechos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, es en función de que la empresa que se encarga de los cortes de suministro, se encuentra íntimamente vinculada al Sr. Segundo Santana. Es una de las erogaciones mensuales más importantes de la Cooperativa. Quien aparece como responsable es Daniela Di Santo, casada con el hijo de Segundo Santana".

- "Todas estas personas que han sido mencionadas, han tenido un desmedido, exponencial y llamativo crecimiento patrimonial, demostrando suntuosidad con viajes al exterior, propiedad en Río Grande con pileta climatizada, gastos suntuosos, autos que exceden un presupuesto de un trabajar de la Municipalidad. Debiera entonces avanzarse en el análisis de su crecimiento patrimonial injustificado y analizar si esas acciones constituyen acciones típicas en los términos del art. 303 del CP".

- "Se agrega que existe una sospecha respecto de que, dentro de dicha institución, es decir en las oficias de la Cooperativa se distribuya a quienes cumplen funciones (empleados) sustancias de carácter “cocaína y marihuana”, para ser consumida en el horario y en funciones de trabajo. Si bien ello podría ser ajeno a los hechos principales, no puede dejarse de mencionar por su gravedad. Si bien ello puede resultar “ajeno” a los hechos de corrupción, la referencia se efectúa para que las autoridades judiciales adviertan la forma en que hoy se está administrando la cooperativa y que por tanto exige una urgente intervención desde la justicia, para que cesen los graves hechos de corrupción".

Lo que viene

La denuncia presentada ante la Justicia Federal solicitó al INAES una intervención externa inmediata para garantizar transparencia y anticipa que podría haber más implicados si avanza la causa. Además que el Juzgado interviniente podría emitir una resolución en las próximas 48 a 72 horas, aunque ya se evalúa la ampliación del expediente.

Solicita el accionar del Juzgado Federal tomando medidas de prueba, de formal inicio a la denuncia y se tome declaración a las personas involucradas en la denuncia. "Es necesario que se tome el toro por las astas y que quienes comandan ésta, no vivan a sus anchas, a costa de lo que cada uno de los afiliados abona por la energía que reciben de la Cooperativa. El crecimiento económico de los imputados (y de su grupo familiar) es tan evidente que todos en esta ciudad saben (o al menos suponen con fundamentos), lo que yo vengo a denunciar", cierra la denuncia.

Además, sostiene que este escándalo no solo impacta en lo institucional. Afecta directamente a miles de usuarios y socios que sostienen mes a mes el servicio eléctrico con sus pagos. El mal manejo de los recursos compromete el acceso a un derecho esencial como es la energía, sobre todo en contextos de crisis.