Una decena de diputados nacionales encabezados por Pablo Todero, Martín Soria y otros referentes patagónicos, presentaron en la Cámara Baja un proyecto de resolución para expresar su “más enérgico repudio” a las recientes declaraciones del presidente de YPF, Horacio Marín. El funcionario había manifestado su intención de revisar —y eventualmente eliminar— el régimen de precios diferenciales de combustibles vigente en la región patagónica y en algunas zonas de Buenos Aires y Mendoza.

El rechazo parlamentario surge tras las palabras del titular de la petrolera durante las Jornadas de Energía del diario Río Negro, donde habría cuestionado la continuidad de una política que lleva más de tres décadas de vigencia y que es considerada por los legisladores como una herramienta “clave para el desarrollo federal, la equidad territorial y la sostenibilidad social y productiva” de la Patagonia.

El proyecto no solo repudia los dichos, sino que además sostiene que su implementación “constituiría una regresión en derechos adquiridos y un desconocimiento de compromisos históricos del Estado nacional con la región”. Para los autores, el precio diferencial no es un privilegio ni un subsidio, sino “una compensación legítima y multifactorial” a provincias que no solo producen hidrocarburos, sino que enfrentan condiciones geográficas, climáticas y logísticas particularmente adversas.

En sus fundamentos, los diputados recordaron que el régimen fue establecido originalmente por la Ley 23.966 en 1991, y luego fortalecido por la Ley 27.209 de 2015, conocida como Ley Pichetto-Pereyra. Este marco legal permite aplicar exenciones fiscales a los combustibles en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones (Buenos Aires) y el departamento de Malargüe (Mendoza). La iniciativa legislativa se apoyó también en consideraciones sociales, económicas y ambientales.

El documento advierte que eliminar el precio diferencial afectaría directamente los costos del transporte en una de las regiones más extensas y menos pobladas del país. En ese sentido, se remarcó que el combustible no representa un gasto suntuario, sino una necesidad básica. “Es un insumo crítico para el traslado de personas, bienes e insumos esenciales, con impacto directo en el costo de vida de las familias y en la competitividad de las economías regionales”, sostiene la iniciativa.

El turismo también aparece como uno de los sectores más vulnerables ante una eventual eliminación del beneficio. “La Patagonia compite con otros destinos nacionales e internacionales. Un precio accesible en los combustibles favorece al turismo carretero, que es mayoritario en la región”, subraya el proyecto.

En cuanto a la estructura productiva, los legisladores advierten que sectores como el agro del Alto Valle, la pesca, la minería y la ganadería ovina dependen fuertemente del uso intensivo de combustibles. “Aumentar su precio afectaría la rentabilidad de actividades clave para el empleo y el desarrollo regional”, detallaron.

Además, el documento sostiene que la medida socavaría el objetivo de fomentar el arraigo poblacional en zonas que, a pesar de su riqueza en recursos naturales, enfrentan desafíos estructurales graves: infraestructura insuficiente, servicios escasos, costos elevados y condiciones climáticas extremas.

La propuesta de YPF de eliminar el régimen de precios diferenciales se justificaría —según lo expresado por Marín— en una supuesta búsqueda de equidad. Sin embargo, para los legisladores esto es una falacia: “Lo que profundiza es la desigualdad territorial y contradice los principios de un verdadero federalismo. No se puede tratar igual a quienes viven en contextos desiguales”, puntualizaron.