La Cámara alta volverá a tener un aumento de dietas y, desde el mes próximo, cada senador cobrará en bruto más de $9,5 millones. La suba se activó por la paritaria firmada este martes entre los gremios legislativos y los presidentes de Diputados y Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente. El acuerdo fijó una mejora del 1,3% en los meses de marzo, abril y mayo, con efecto retroactivo.

El incremento responde a una resolución que los senadores aprobaron en abril de 2024, sin debate ni votación nominal, que ató sus ingresos a los aumentos que se negocien en el Congreso para el personal legislativo. Así, cualquier mejora para los trabajadores impacta de inmediato en sus sueldos. La decisión fue avalada por las autoridades de ambas cámaras.

Con ese sistema, los senadores fijaron su dieta en 4000 módulos, una unidad que se usa para calcular los haberes en el Poder Legislativo. De ese total, 2500 módulos corresponden a la dieta básica, 1000 a gastos de representación y 500 al ítem de desarraigo. Este último no lo cobran solo cuatro integrantes del cuerpo.

Tras la última negociación paritaria, el valor del módulo pasó de $2285,73 a $2376,04. El ingreso bruto de un senador trepa así a $9.504.160, un aumento de más de $360.000 respecto de la liquidación anterior. Si el incremento se aplica de forma retroactiva, como ocurre con los empleados del Congreso, la cifra final podría ser aún mayor.

La medida se puso en marcha luego del vencimiento del congelamiento de dietas que regía desde agosto de 2023. En ese momento, el salto de los sueldos legislativos de 2 a 4,5 millones de pesos había generado una fuerte reacción pública y el repudio del presidente Javier Milei, quien calificó el aumento como una provocación.

Villarruel firmó entonces el decreto 27/24 para congelar los haberes hasta diciembre. En enero prorrogó la medida hasta el 31 de marzo. Pero en abril, cuando comenzaba la liquidación de sueldos, los senadores no se expidieron y el congelamiento cayó. La vicepresidenta había advertido que no volvería a avanzar en soledad con esa decisión y dejó el tema en manos de los bloques.

En mayo, durante una reunión de Labor Parlamentaria, Villarruel volvió a proponer frenar las actualizaciones. Su iniciativa no prosperó. La mayoría de los jefes de bloque rechazó el planteo y dejó que se activara el mecanismo de actualización por paritaria. Así, volvió a funcionar el sistema que los propios legisladores votaron el año anterior.

Mejora salarial para los empleados legislativos

En paralelo, los gremios presionaban por una mejora salarial. La Asociación del Personal Legislativo (APL), conducida por Norberto Di Próspero, logró el respaldo de los interbloques del peronismo, que presentaron notas a Menem y Villarruel para acelerar la paritaria. Como en otras etapas, legisladores asumieron el rol que les correspondería a los sindicatos, sin confrontar con las autoridades del Congreso.

Aumentan las tensiones

La tensión por las dietas se mantuvo cruzada por reproches internos y la falta de consenso entre bloques. Mientras algunos legisladores exigieron definiciones, otros eligieron despegarse y dejar la resolución en manos del oficialismo y sus aliados.

En el terreno administrativo también se acumulaban tensiones. El secretario Emilio Viramonte Olmos, cuya renuncia aún no se oficializó, sigue en funciones. Villarruel había prometido restituir facultades que su antecesora, María Laura Izzo, ejercía con mayor autonomía, pero esa promesa quedó en pausa. En los pasillos del Congreso crecen las versiones sobre internas, favoritismos y designaciones bajo discrecionalidad.

"Nos hartaron. Que hagan lo que quieran", declaró un senador del interbloque que responde a José Mayans. Otro legislador cercano a Cristina Fernández fue más directo: "Nos cansamos de los que hablan de más y después se borran. Que se pongan de acuerdo entre libertarios y dialoguistas. Espero que no se dé vuelta nadie, como con Ficha Limpia".

Las críticas internas se cruzan con las quejas públicas del oficialismo. Pero en los hechos, la mayoría de los bloques avaló con su silencio —o con su voto— un mecanismo que garantiza actualizaciones automáticas para los propios legisladores, sin necesidad de exponer nuevas resoluciones ante la sociedad.