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Veterinarios judicializarán la ordenanza que exige guardias obligatorias en Río Grande
El presidente del Colegio de Veterinarios, Julio Ruiz, advirtió que la normativa es inconstitucional y afecta la libertad profesional. "Si el Estado quiere garantizar guardias, debería abrir un hospital público con los recursos necesarios", propuso.
El Colegio de Veterinarios de Río Grande anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal que obliga a las clínicas de la ciudad a implementar un sistema de guardias rotativas. El Dr. Julio Ruiz, presidente de la institución, sostuvo que la norma viola principios constitucionales y la naturaleza liberal de la profesión.
"Desde un principio no estuvimos de acuerdo con esta ordenanza, porque pensamos que era inconstitucional por su forma de haber sido realizada", afirmó el médico en Radio Fueguina.
El colegio ya había manifestado su oposición desde que la iniciativa era un proyecto en el Concejo Deliberante. "Expusimos nuestros motivos: es una profesión liberal, y el Estado no puede obligar a trabajar en horarios específicos", señaló.
Si bien reconocieron la necesidad de atender urgencias, cuestionaron que la solución pase por imponer turnos forzosos sin garantizar recursos humanos o económicos suficientes. "Si el propietario de una veterinaria quiere abrir 24 horas, necesitaría como mínimo cinco o seis profesionales. Hoy, muchas tienen solo uno o dos", explicó.
También destacó los riesgos operativos y de seguridad que implicaría cumplir con la normativa. "Ha habido casos de maltrato, agresiones o falta de pago. Atender de noche, especialmente para mujeres solas, es un riesgo", advirtió.
Además, subrayó que la mayoría de las clínicas ya extienden sus horarios y atienden emergencias de manera informal. "Los clientes conocen a sus veterinarios, y siempre hubo disposición a ayudar", aclaró.
Frente a la intimación del municipio, el colegio confirmó recurrirá a la vía legal. "Está en manos de nuestro abogado, el Dr. Francisco Ibarra. Plantearemos la inconstitucionalidad", confirmó Ruiz.
"Si el Estado quiere garantizar guardias, debería abrir un hospital público con los recursos necesarios", propuso.
Mientras tanto, la ordenanza sigue vigente, pero su aplicación enfrenta un camino judicial. Ruiz insistió en que la solución debe surgir del consenso privado, no de una imposición estatal: "Nunca estuvimos en contra de las guardias, pero tiene que ser viable. Esto no es una farmacia: aquí hay vidas en juego".