Una publicación efectuada por la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), vuelve a poner en el tapete el problema de la pesca ilegal en el Atlántico Sur y en las aguas que rodean a las Islas Malvinas. Lo hacen, a partir de que España reconoció que se beneficia de la pesca en las zonas mencionadas.

La Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), es una entidad sin fines de lucro que se constituyó el 25 de agosto de 1999 a fin de agrupar y representar a los armadores de buques argentinos, dedicados a la pesca de calamar a través de poteras.

Según advierte en su artículo, España (en la página web. del Ministerio de Agricultura y Pesca) admitió que los pesqueros españoles captan recursos en los mares meridionales por la ausencia de organizaciones regionales de pesca (OROP), de medidas de conservación de recursos vivos marinos y del vacío diplomático pesquero entre la Argentina y el Reino Unido, país usurpador de las Islas Malvinas.

Desde CAPA mencionan que la pesca furtiva se ve favorecida por “la poca cooperación regional pese a la Declaración del Mercosur contra INDNR (Mendoza, 2017) o a la OROP argentino uruguaya establecida por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”.

Por otro lado resaltan que el Puerto Capurro (Montevideo) sería el principal punto logístico para los numerosos buques pesqueros que operan al filo de la milla 200 o en las aguas circundantes a Malvinas. De acuerdo al Instituto Nacional de logística del Uruguay, las facilidades que otorga el Puerto Capurro están dadas por normas fiscales y aduaneras especiales además de procedimientos legales laxos sin exigencias de supervisión de carga o trámites especiales,

“Poner un freno a la pesca furtiva que afecta los caladeros argentinos, es cada día más apremiante. Un paso, de conformidad con la FAO, sería lograr respuestas concertadas en el Mercosur que combinen la regulación internacional pesquera con propuestas regionales que tiendan a poner límites sobre el tamaño de las flotas pesqueras además de impulsar medidas diplomáticas colectivas para desincentivar la pesca ilegal y prohibir las subvenciones a la pesca”, consideran desde CAPA. Alertan que “de lo contrario, la sobreexplotación de los recursos pesqueros seguirá creciendo geométricamente con consecuencias irreversibles para los caladeros y los ecosistemas marinos del Atlántico Sur”.

De acuerdo a lo publicado por la revista Science Advances el 85% de la pesca furtiva corresponde a China, Corea del Sur, España, Japón y Taiwán y, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobrepasan capturas por 26 millones de toneladas anuales afectando a los principales caladeros del mundo, entre ellos aguas de jurisdicción argentina.

La República Argentina es el tercer país del mundo más perjudicado por la pesca ilegal según datos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera