A través de un proyecto de ley se propone que el pago de la prestación alimentaria y la cuota alimentaria, ordenada judicialmente, se realice el mismo día que perciban sus salarios los trabajadores de la administración pública; de los poderes legislativo y judicial, así como de entes autárquicos y descentralizados.

Su objetivo es garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias, de modo que se busca proteger los derechos de los beneficiarios, especialmente niños y personas en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, el proyecto de ley -impulsado por el MPF- establece mecanismos claros y obligatorios para el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias en la provincia, asegurando que los pagos se realicen en la misma fecha que los haberes de los agentes del Estado.

Se enfatiza que los alimentos son un derecho humano fundamental y una herramienta clave para la protección de niños y personas en situación de vulnerabilidad. Además, se propone la automatización de descuentos de cuotas alimentarias para garantizar su cumplimiento.

Según el proyecto de ley, la prestación de alimentos debe cubrir necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, gastos por enfermedad y los necesarios para adquirir una profesión u oficio. También incluye el aporte a la manutención a través de las actividades cotidianas del progenitor que cuida al hijo. Estas necesidades son fundamentales para el desarrollo físico, emocional y social de los beneficiarios.

La demora, omisión o incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias afecta los derechos de los beneficiarios y puede generar consecuencias graves en su desarrollo físico, emocional y social. Esto puede impactar negativamente en su bienestar general y en su capacidad para satisfacer necesidades primarias. Además, se subraya que el cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para la protección de niños y personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo a esta propuesta, los descuentos automáticos de las cuotas alimentarias ordenadas judicialmente y su inmediato depósito a favor de la parte beneficiaria constituyen “una herramienta concreta y efectiva para asegurar el cumplimiento de esta obligación”. | Redacción Crítica Sur |