Las decisiones del gobierno de Javier Milei respecto del régimen especial de Tierra del Fuego han sido objeto de polémica desde el comienzo de la gestión, según publica este jueves Clarín. 

En el Congreso, durante el tratamiento de la Ley Bases, los legisladores cuestionaron –muchos de ellos, en voz baja– por qué no se planteaba una reducción de los beneficios fiscales a la isla frente a la necesidad de sumar recursos para los bolsillos flacos del Estado.

El miércoles último, en el Boletín Oficial, se vio reflejada una designación que vuelve a encender alarmas sobre los vínculos de ciertos funcionarios para con el esquema: específicamente, un fondo fiduciario multimillonario teóricamente abocado al desarrollo de la matriz productiva.

Aunque se decidió hace un mes, hoy se “aceptó la renuncia” de la funcionaria a cargo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado en 2022, luego de que la gestión de Alberto Fernández extendiera hasta 2038 el subrégimen industrial de Tierra del Fuego.

Se trató de una iniciativa pensada para que, a través de préstamos y aportes, y con financiamiento a partir del 15% de los beneficios que las empresas adheridas (excepto textiles) percibían en concepto de no pago de IVA, se redistribuya un dineral entre los grandes jugadores de la zona (Mirgor, de los Caputo o NewSan, de Rubén Cherñajovsky, entre otros) a la provincia, a pequeños desarrollos científicos y tecnológicos, y a obras de infraestructura.

El directorio de este fondo está compuesto por tres personas, todas designadas por el Poder Ejecutivo. Ellos son los que tienen la lapicera para definir qué proyectos se financian y cuáles no, a partir de propuestas que hacen las empresas y el gobierno provincial. En negociaciones con Guillermo Francos, el gobernador Gustavo Melella logró que uno de los directores sea representante de la provincia y así designó a Maximiliano D’Alessio, de su confianza. Los otros dos eran Felipe Berón, un experto en finanzas que trabajó en la consultora Anker, de Luis Caputo, y Almada.

En su reemplazo se confirmó como directora a Noelia Ruiz quien, según múltiples fuentes, reconoció que llega de la mano del asesor presidencial Santiago Caputo. La joven funcionaria respondía a Federico Salvai, jefe de Gabinete durante la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal, fue diputada provincial de Cambiemos, precandidata a intendente de Mercedes por Pro y parte de La Generación, una agrupación juvenil del macrismo.

Lo llamativo es que en pocos días pasó del llano a ocupar múltiples cargos. Además de su designación en el FAMP (ad honorem), fue nombrada hace menos de una semana en el Arsat, otra de las áreas de gobierno de especial interés para Santiago Caputo. Distintos conocedores del vínculo apuntan a que no se trata de un acuerdo con sus exjefes del vidalismo, sino que conoció al asesor presidencial a través de Guillermo Garat, socio de Caputo, exasesor de campañas para Pro y vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF desde diciembre de 2023.

Se abren dos interrogantes a partir de esta designación. La primera es la influencia que tendrá el joven asesor gubernamental en la administración de los miles de millones de pesos que provienen de la empresa que está bajo el comando de uno de sus tíos, Nicolás “Nicky” Caputo. Más aún cuando Berón, el otro miembro del directorio del FAMP, trabajó en la consultora de Luis Caputo, primo de Nicky.

El interrogante no es menor, porque en la carpeta de proyectos que aguardan financiamiento está una de las obras de infraestructura más importante de las últimas décadas, impulsada principalmente por Mirgor, de los Caputo. Se trata de un puerto industrial en Río Grande, que cuenta con apoyo de todas las empresas de la zona y de gran parte del arco político, con objetivos que van desde lo comercial (bajar hasta 35% los costos logísticos y de transporte, que hoy en un 80% se concentran por tierra) hasta lo geopolítico, como habilitar un centro de abastecimiento para la Antártida, que actualmente se realiza vía Chile, desarrollar el hidrógeno verde o la producción de urea.

La obra requerirá de una inversión de US$400 millones, para los que Mirgor logró recientemente apoyo de un grupo de bancos norteamericanos, y espera también desembolsos del FAMP para ponerla operativa en abril de 2027.