Un viraje radical en la estrategia del oficialismo fue la llave para la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Con la llegada del ministro coordinador, Guillermo Francos, el Gobierno se sentó a negociar con la oposición y, después de múltiples concesiones, logró destrabar los acuerdos para avanzar con la sanción definitiva de los proyectos fundacionales de Javier Milei. Este proceso dejó ganadores y perdedores que buscarán sellar o revertir su suerte en Diputados, cuya definición culminará un largo proceso parlamentario.

Condicionado por la necesidad de exhibir gobernabilidad, la Casa Rosada festejó el aval de la Cámara alta a pesar de haber perdido puntos nodales de las iniciativas: la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, la reconfiguración de Bienes Personales y la posibilidad de vender a privados Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino.

En tanto, pudo salvar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, administrativa y energética; así como el resto del paquete de privatizaciones. También logró evitar un revés en el blanqueo –que se aprobó por unanimidad– y en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que obtuvo 38 votos entre radicales, macristas, libertarios y hasta kirchneristas. Para ello, el Gobierno tuvo que ceder ante pedidos concretos de senadores del norte, sur y centro de país.

En el RIGI se introdujo una modificación crucial. Este esquema ya no podrá ser aplicado a “cualquier sector que cumpla los requisitos previos”, sino que se acotó a los siguientes: forestoindustria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Esta restricción se encontraba en la primera Ley Bases que envió el Gobierno –que Diputados cambió–, aunque ese texto contenía un sector que ahora fue excluido: el agroindustrial.

Según publica este lunes La Nación, fueron los senadores de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires los que pidieron quitar de esta nueva redacción la posibilidad de que empresas ligadas al agro puedan ingresar al RIGI. Buscaron evitar que capitales extranjeros, a través de los generosos beneficios del régimen, copen uno de los sectores más productivos del país, con jugadores locales ya muy establecidos en el mercado nacional e internacional.

Fue una concesión que admitió la administración libertaria para evitar una sorpresa en un punto fundamental para el proyecto económico. De hecho, fuentes cercanas al Presidente señalaron a este medio que será el propio Milei quien “se va a ocupar directamente de la implementación del RIGI”. “Lo considera tan clave que va a intervenir de manera directa en la reglamentación”, detallaron. En ese sentido, aludieron a la experiencia del primer mandatario en el sector privado: “Trabajó 25 años en el tema y sabe lo importante que es para atraer inversiones”.

Entre otras cosas, el decreto reglamentario deberá especificar quién será la autoridad de aplicación del régimen, encargada de la aprobación o rechazo de las solicitudes de adhesión así como de la fiscalización. El traspaso de la agencia de promoción de inversiones –que dependía de la Cancillería– a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, incrementó las sospechas de que pueda estar bajo su órbita. Si bien fuentes oficiales no descartaron esta posibilidad, señalaron que también podría depender del ministro de Economía, Luis Caputo. En cualquier caso, será una persona de extrema confianza del Presidente.

Entre los apoyos que cosechó el RIGI en el recinto se contaron a tres senadores de Unión por la Patria (UP): Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), seducidos por los beneficios para el sector minero, con gran potencial en sus provincias. Votaron a contrapelo de su partido y evidenciaron las tensiones dentro del bloque, donde conviven gobernadores que exhiben buena sintonía con la Casa Rosada.

En los sectores aliados al Gobierno también hubo fisuras. Si bien el bloque Pro en el Senado votó a favor, el diputado Luciano Laspina descargó su enojo en su cuenta de X tras enterarse de este cambio en la redacción: “Me dicen que se limitaría el RIGI a ‘sectores ganadores’ y… cuando no… a Tierra del Fuego! No se me ocurre algo más arbitrario, dirigista y discriminatorio. Un daño enorme al espíritu de una ley general de protección de inversiones para todos los que quieran invertir en el país”.

El sector tecnológico, incluido como posible beneficiario en la última modificación de la Ley Bases, es también receptor del régimen de promoción fueguino que el Gobierno no muestra indicios de querer desarticular en su plan de ajuste del gasto, a pesar de los cuestionamientos de una porción de la oposición.

Tecnológicas, mineras y tabacaleras

Los empresarios tecnológicos también respiraron aliviados tras la eliminación del artículo 111 del paquete de medidas fiscales, que instruía al Poder Ejecutivo a incrementar un 2% del Producto Bruto Interno (PBI) mediante la supresión de exenciones tributarias o beneficios impositivos. 

Esta cláusula, que se incluyó por presión del diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, apuntaba fundamentalmente a desarmar el régimen de beneficios para los industriales de Tierra del Fuego.

El rechazo de este apartado congregó a un variopinto compendio de senadores. El radical fueguino, Pablo Blanco, quien cambió su voto y evitó que el Gobierno perdiera la delegación de facultades, fue uno de sus principales detractores. Sus compañeros de bloque lo apoyaron en su cruzada para voltear el artículo, a pesar de que los correligionarios de Diputados habían aportado el número para incluirlo. El kirchnerismo también se plegó a eliminarlo a pedido del gobernador Gustavo Melella. Todos los libertarios se sumaron a esta impugnación, que logró 65 voluntades.

Solo seis legisladores votaron para que se sostuviera: Lucila Crexell (Comunidad Neuquén-Neuquén), Andrea Cristina (Cambio Federal-Chubut), Alejandra Vigo (Unidad Federal-Córdoba), Carlos Espínola (Unidad Federal-Corrientes), Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos) y Guadalupe Tagliaferri (Pro-Ciudad). Será difícil de revertir esta decisión en la Cámara baja, donde para insistir con su inclusión los diputados tendrán que reunir una mayoría calificada. En su cuenta de X, López denunció un “Senado corporativo”.