Para la concejal Verónica González “se trata de un cambio paradigmático, hay ciertos sectores que tardarán un poco más en asimilar la situación real de este colectivo tan vapuleado, discriminado y marginado a través de la historia, pero es el Estado quien tiene la responsabilidad de tomar cartas en el asunto y promover medidas acordes que garanticen la igualdad de derechos y protección efectiva ante y contra cualquier tipo de discriminación”.

La impulsora de la iniciativa remarcó que “más allá de existir derechos y garantías, la realidad social nos obliga a tomar estas medidas, puesto que hay minorías que han sido históricamente vapuleadas. Es acá que el Estado debe tomar intervención real y ser el promotor de medidas inclusivas que ojalá en el futuro imite el sector privado hasta que no sea necesaria la existencia de un cupo para la inclusión laboral. Cuando hablamos de posibilidades en el sentido de potenciar o generar la ocasión para que el derecho exista”.

Ayer al finalizar la votación la concejal agradeció a las organizaciones políticas y sociales que acompañaron el proyecto.