La Ley 1029, sancionada por la Legislatura el 3 de diciembre de 2014 y promulgada en abril de 2015, estipulaba que se destine el 1.66% de los fondos recaudados por la Provincia, en concepto de Ingresos Brutos y convenios multilaterales, “a la obra de construcción, reparación estructural y refuncionalización” del edificio del Colegio Provincial “José Martí”.

De acuerdo a esa ley -que por ese entonces había sido vetada por la gestión de Fabiana Ríos y fue insistida por la Legislatura- ese 1.66% debía regir “hasta cubrir los fondos necesarios para la finalización total de la obra y puesta en funcionamiento de la Institución”.

Ahora, los legisladores del bloque UCR-Cambiemos presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan información sobre los recursos obtenidos desde la sanción de la Ley 1029.

“Hace pocos días atrás se reiniciaron las clases en el Colegio Provincial José Martí luego de las obras realizadas con esos fondos con afectación específica”, indica el proyecto firmado por los legisladores Pablo Blanco, Oscar Rubinos y Liliana Martínez Allende.

El bloque del radicalismo pide al Gobierno conocer: el monto total recaudado; el monto total invertido hasta el momento en que se finalizaron las obras “si tal fuera la situación del edificio”; “para el caso que se encuentren montos a pagar devengados exigibles y no exigibles indique total pendiente de aplicación, obras o bienes a realizar o adquirir, plazos de cancelación de cuentas corrientes si las hubiere, identificando proveedores, acreedores y concepto de las acreencias”.

Asimismo, el proyecto reclama información “para el caso que no hubieran inversiones o gastos pendientes, el saldo de la cuenta en la cual se encuentren depositados los fondos si los hubieren y si la misma estuviera cancelada, fecha de la operación y monto retrotraído a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)”.