domingo 26 de junio de 2022 - Edición Nº2106
Critica Sur » Provincia » 22 jun 2022

interviene la Fiscalía Penal

Denuncian a concejal de Ushuaia por 'extorsión, amenazas y violencia política' contra una dirigente social

La denuncia fue realizada por Yanira Martinez Ortiz, actual subsecretaria de Vivienda de la Municipalidad de Ushuaia y titular de 'Mujeres Cooperativistas', contra el concejal Javier Branca y uno de sus asesores, identificado como Maximiliano Rijo.


Por:
Redacción Crítica Sur

Yanira Martinez Ortiz, expresidenta de la Cooperativa 'Nuestro Techo', integrante de 'Mujeres Cooperativistas' y actual subsecretaria de Vivienda de la Municipalidad de Ushuaia denunció por 'extorsión, amenazas y violencia política' al concejal y convencional constituyente electo, Javier Branca, y uno de sus asesores identificado como Maximiliano Rijo, quien es además presidente de la Cooperativa 'Nuestro Techo'..

Del escrito judicial se desprende que con posterioridad a la marcha #NiUnaMenos realizada el pasado 3 de junio, Martínez Ortíz recibió un llamado de Maximiliano Rijo señalando que "el concejal Branca lo había enviado para hacerme saber que la participación en la marcha del #3J con los carteles expuestos (“No más violentos en nuestras cooperativas”) y los resultados en la elección a convencionales constituyentes de la ciudad eran un punto de quiebre en la relación política que manteníamos".

"Efectivamente, dijo que las preferencias que obtuve en mi candidatura a convencional se debían a haberme apropiado de votos que consideraba propios y que con estas acciones había superado todos los límites admisibles y que tenía material mío personal que comprometía mi reputación y que estaba dispuesto a jugar esa carta si yo no daba un paso al costado de los espacios de militancia social y cooperativa que teníamos en común", detalla la dirigente en la denuncia.

Y prosigue: "(Rijo) Me advirtió que Branca quería que yo “me corriera de su órbita” y que no estuviera más en ningún espacio de participación colectiva de los que habíamos compartido y que si eso no sucedía, él (refiriéndose a Branca) iba a hacer circular un material que decía presuntamente tener para destruir mi relación de pareja y mi familia".  

Además, en la denuncia Martínez Ortíz señala que "Rijo se presentaba como un garante de un supuesto acuerdo en el que, para que las amenazas proferidas no se concretaran, yo debía acceder a las pretensiones de Branca en relación a mi desvinculación de los espacios comunes, mi retiro de la actividad cooperativa y entregar documentación específicamente solicitada".

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, la abogada Fabiana Ríos -a cargo de la representación legal de Martínez Ortíz junto a Solange Verón- explicó que la denuncia se realizó ante la Fiscalía Penal y la causa recayó en el Fiscal Nicolás Arias.

"Es voluntad de la denunciante constituirse como querellante, y esto en la justicia penal tiene su importancia porque le permite a la denunciante ser parte e impulsar la causa con medidas de prueba y hacer un seguimiento más profundo del proceso", señaló. 

Ríos indicó que "a partir del requerimiento fiscal entiende que hay una serie de elementos que permiten sospechar que existieron algunos delitos que están tipificados en el Código Penal como extorsión y amenazas".

"Pedimos medidas de pruebas, aportamos pruebas y el Fiscal solicitó algunas más que ya empezaron a producirse", agregó.

Ríos ratificó que "son dos las personas denunciadas, Rijo y Branca, básicamente porque Rijo en varios encuentros es quien se presenta ir en representación del concejal, si embargo en sus dichos también hay modos de decir amenazantes".

Consultada sobre los plazos del proceso, Ríos explicó que a partir de la ratificación de la denuncia "empieza la investigación y nosotros pusimos a disposición de la Justicia los elementos de prueba de los encuentros y las cuestiones que se habrían tratado en esos encuentros, y a partir de la verificación de esto ya está en manos del juez penal en relación a qué medidas va dictaminando y en qué plazos cita a las personas denunciadas".

"La violencia y la amenaza ejercida sobre una mujer, que además milita políticamente, es una forma de excluirla de los ámbitos de decisión pública, y esto debe ser sancionado porque la amenaza tiene además otra connotación", cerró. 

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