La Fiscalía de Estado rechazó un pedido de 'inconstitucionalidad' planteado por una empresa pesquera contra la Ley N° 1355 que prohibió la salmonicultura en Tierra del Fuego, asegurando que la norma que aprobó la Legislatura fue precedida por un "extenso debate" del que participaron "personas e instituciones que fueron aportando sus pareceres sobre el asunto".

En su pedido de nulidad de la ley sancionada este año, el Dr. Adrián de Antueno -en su carácter de letrado de la empresa 'Australmar Almanza de Valdés SRL'- elevó a la Fiscalía de Estado un pedido de inconstitucionalidad de la Ley N° 1355, señalando que la prohibición de cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales "resultaría ilegítima y entraría en conflicto con varias disposiciones legales y de nuestra Constitución". 

En primer lugar, plantea que la nueva ley "generaría una controversia con la Nación, toda vez que la planta de procesamiento de la empresa que representa se encontraría bajo la jurisdicción de la Nación", así como plantea que "el texto de la ley no se condeciría con lo que legisladores e invitados de organizaciones ambientales, investigadores, productores locales y funcionarios expresaran en reuniones de comisión y audiencias porque la norma proscribiría los emprendimientos sin diferenciar su tamaño". Y puntualiza que el texto de los artículos 1 y 2 de la ley "resultaría contradictorio".

Asimismo, el letrado de la empresa sostiene que la ley N° 1355 "violentaría las prescripciones de los artículos 81 y 87 de la Constitución Provincial y una "controversia" con la Ley Nacional N° 27231 de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola.

La postura del Fiscal de Estado

Sin embargo, para la Fiscalía de Estado la prohibición de la ley contra la salmonicultura "no es total" y existen excepciones, como por ejemplo los proyectos existentes de acuicultura.

Además, el funcionario sostiene que "el dictado de la norma tachada de inconstitucional ha sido precedido de un debate en el seno de la cámara legislativa, el que, además, fue abierto a diversos sectores de la comunidad", de modo que "así se advierte que el texto de la norma -que finalmente resultó sancionada por unanimidad- sufrió algunas modificacoines durante el transcurso de las discusiones producto de los planteos efectuados desde ciertos sectores".

Para el Fiscal de Estado "los conflictos ambientales se caracterizan por ser complejos, de difícil resolución por la presencia de derechos en disputa, contraponiéndose habitualmente los de propiedad y de ejercer industria lícita, por un lado, con la salud y el medio ambiente sano, por el otro". 

Sin embargo, considera que la ley "fue dictada con una finalidad explícita: la de proteger, preservar y resguardar bienes ecosistémicos concretos, como los recursos naturales, genéticos y el medio ambiente".

"Del contraste entre el texto legal y los antecedentes de debate público en el seno de las comisiones legislativas dados a conocer por el Poder Legislativo a través de los antecedentes remitidos a este organismo y de su página web, no se perciben las desaveniencias indicadas por el denunciante", señala el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.

Y cierra: "La prohibición dispuesta -que como se ha dicho no es total sino que contempla excepciones según la especie, la modalidad y el volumen de producción- denota un ejercicio razonable y prima facie proporcionado de la competencia del Estado Provincial en materia ambiental, destinado a complementar las normas nacionales que protegen el ecosistema acuático".