Un importante número de personas pertenecientes entre organizaciones que luchan por la Violencia de Género y ciudadanos comunes marcharon esta noche en la Plaza Almirante Brown en reclamo por el femicidio de Micaela García. La marcha se organizó a través de las redes sociales y con el correr de las horas muchas provincias del país se sumaron a la convocatoria.

“Estamos de duelo, tenemos bronca, furia y decepción por un Estado impotente y cifras escalofriantes: cada 18 horas ocurre un femicidio en nuestro país”, dijeron las agrupaciones en el discurso frente a la Torre de Agua.

Uno de los principales apuntados es el juez Juan Carlos Rossi, quien redujo de doce a nueve años de prisión la pena por dos violaciones anteriores a Sebastián Wagner, apuntado como el asesino de Micaela.

“A pesar de que su condena era de nueve años, desde julio del año pasado estaba en libertad condicional, un derecho al que pueden acceder los y las detenidas y que otorga el juez de ejecución de la pena, a partir de distintos criterios. En casos como los de detenidos por delitos de agresión sexual u otro tipo de violencia de género, debemos señalar que lo importante es el proceso desde que el detenido ingresa al servicio, ¿qué políticas de atención lleva el Estado al interior de los servicios penitenciarios para que las personas detenidas no reincidan?, ¿qué políticas postpenitenciarias se hacen de prevención de la violencia de género?”, reclamaron.

En el caso de Wagner recordaron que había un informe negativo del servicio penitenciario en el que cumplió su condena: “Si para el juez un informe del servicio no es confiable como para no tenerlo en cuenta -y conocemos los manejos extorsivos que hace el servicio con los certificados de buena conducta-, ¿qué medida dispuso el juez Rossi para tener un informe confiable para otorgar su libertad?, ¿pidió un peritaje psicológico propio?”, reprocharon.

Y recordaron que “aunque sea una decisión que debe tomar el juez, en vistas de este escenario, es necesario que haga transparentes sus criterios. De lo contrario estaremos ante un episodio más en el que el impacto que tiene la violencia de género y las agresiones sexuales para nuestras vidas son menospreciados por la justicia”.

“Necesitamos políticas integrales de prevención para un problema complejo y un Estado que deje de ser cómplice y asuma un compromiso real”, afirmaron ante el aplauso de los presentes.