Legisladores del bloque Frente de Todos impulsan un proyecto de ley que propone que el Estado fueguino se ocupe de los gastos de internet de aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se denomina "Programa de conectividad educativo-social" y se propone como "un servicio para el acompañamiento de todos los estudiantes que se encuentren cursando los distintos niveles y modalidades en la provincia".

Según el proyecto, la ley tiene como premisa “acompañar a los estudiantes, otorgando las herramientas y canales necesarios para acceder a las distintas alternativas educativas” así como “potenciar las capacidades digitales aplicadas a la educación”.

De este modo, se pretende “reducir la brecha tecnológica, otorgando la posibilidad de acceder a las herramientas virtuales y propiciar la inclusión”.

En ese sentido, el "Programa de conectividad educativo-social" busca beneficiar “a los hogares constituidos por niños, adolescentes y adultos que se encuentren cursando en cualquiera de los niveles y modalidades educativas”, aunque para ello deberán cumplir una serie de condiciones: ser beneficiario de la asignación universal por hijo (AUH) o embarazo; estar inscripto en los planes sociales provinciales; cobrar pensiones contributivas con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, vital y móvil; encontrarse inscripto en Monotributo social; y/o e) poseer seguro de desempleo.

“El programa deberá asegurar una conectividad vía red wifi - mínima de 06 Mbps - en los hogares cuyos habitantes reúnan - al menos una - de las condiciones” mencionadas anteriormente.

Y agrega: “Para tal fin se deberán efectuar los acuerdos necesarios con Empresas radicadas en la provincia, que brinden el servicio de comunicación de internet”.

Asimismo, el proyecto aclara que “si algunos de los solicitantes al momento de registrarse en el programa mantuvieran una deuda con alguna de las empresas proveedoras de comunicación, no implicará impedimento alguno para acceder al programa”.

“Bajo ninguna circunstancia dicha deuda podrá ser imputada o acarreársele al Estado Provincial, debiendo la acreedora arbitrar los mecanismos que entienda necesarios para perseguir de cobro al deudor”, agrega la iniciativa.