En una de sus columnas de opinión publicadas este martes, el diario La Nación cuestionó el proyecto de ley que permitirá ampliar de 3 a 5 el número de jueces que conforman el Supeior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego.

La editorial, titulada "Se incendia la Justicia en Tierra del Fuego" señala que "el Poder Judicial más joven del país tampoco escapa de las viejas formas de hacer política", considerando que "la Justicia de Tierra del Fuego está a punto de protagonizar un nuevo escándalo".

"A diferencia de lo que sucede a nivel nacional -sostiene La Nación- en Tierra del Fuego ni siquiera se molestaron en encubrir la ampliación del Superior Tribunal detrás de una reforma más amplia del Poder Judicial. Tampoco pretendieron simular una apertura democrática conformando una comisión asesora. Simplemente, avanzaron en el incremento de la cantidad de jueces del máximo tribunal con la intención de politizarlo aún más".

El matutino asegura que "distintas voces ya han advertido que sumar dos nuevos integrantes al equivalente provincial de lo que sería la Corte Suprema en el nivel nacional no resolverá ninguno de los problemas institucionales, ya que el proyecto de ley solo apunta a la ampliación del organismo, sin prever ningún tipo de modificación integral destinada a modernizar la administración judicial más pequeña del país".

"Como se ha expresado en estas columnas, las reformas en el Poder Judicial solo deberían orientarse a dotarlo de mayor autonomía e independencia de los sectores que permanentemente buscan acumular más poder e impunidad. Las propuestas de cambios en la modernización de la Justicia tienen que garantizar la transparencia en la gestión de expedientes, máxime en aquellos donde existe un alto interés público", propone el matutino.

Asimismo, cuestiona que en Tierra del Fuego "la designación de jueces se materializa a través de un Consejo de la Magistratura que, mediante simples rondas de votos no fundamentados de sus siete integrantes, sin jurados ni exámenes que acrediten la idoneidad técnica de los postulantes o sirvan para generar un orden de mérito, define quiénes serán los nuevos magistrados de la provincia".

El sistema de selección descripto sirve para elegir a los candidatos de manera discrecional, en ausencia de concursos de oposición y antecedentes. Con ese mismo método fallido se eligió anteriormente juez de cámara penal a un abogado que había oficiado como testaferro de la corrupción brasileña, en la época del expresidente Fernando Collor de Mello. También a una abogada que no pudo asumir como jueza de instrucción porque al momento de tomar el cargo estaba detenida en otra jurisdicción por presunta extorsión.

"Ante tan injustificada celeridad para aprobar el dictamen por parte de la Legislatura sobre la ampliación del mayor órgano de Justicia provincial, en tierras fueguinas se analizan dos hipótesis. Una de ellas se refiere a un intercambio de favores, ya que el propio gobernador Gustavo Melella se encuentra imputado desde 2018 en una grave denuncia de abuso sexual, por lo cual su futuro político depende exclusivamente de que el juzgado de instrucción lo desvincule de la causa. La tramitación judicial fue cuestionada por las desprolijidades que el juez ha cometido; incluso recibió objeciones por parte de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, pero sin ningún resultado hasta el momento. La segunda hipótesis conjetura que es una maniobra del poder político local para cooptar el funcionamiento del máximo tribunal fueguino y transformar la Justicia de la provincia en un poder sometido a la voluntad política de quien gobierne Tierra del Fuego", menciona el artículo.

Y agrega: "Frente a ello, numerosos sectores de la ciudadanía han objetado el proyecto de aumento de los integrantes del Superior Tribunal que dará jaque mate a la autonomía de la Justicia provincial, con el argumento de la falta de un debate robusto y la imposibilidad de que las organizaciones sociales hayan participado de las reuniones de comisión de la Legislatura provincial para aportar elementos que enriquezcan el debate. Dadas las enormes falencias institucionales que tiene el sistema de selección de magistrados, cabe señalar que la añorada autonomía ya está gravemente amenazada".

"En definitiva, cualquier intento de reforma judicial debería iniciarse con un amplio debate social y político, alejado de las pretensiones de los sectores que solo persiguen la impunidad de sus acciones. Sin duda, y como se ha planteado también desde estas columnas, las reformas de los sistemas de selección de jueces y magistrados, tanto nacionales como provinciales, resultan claves para procurar mayores niveles de transparencia, participación de la sociedad y reconstrucción de la confianza ciudadana en el poder del Estado, pensado para funcionar como custodio de los derechos y obligaciones constitucionales", cierra el artículo.