Un nuevo plan puesto en marcha por el Servicio Penitenciario y el Juzgado de Ejecución de penas privativas de libertad, autoriza a los condenados a realizar tareas de mantenimiento en edificios del Estado.

Se trata de una modalidad novedosa ya que, si bien existe de manera ideal en las leyes que regulan el tratamiento penitenciario, nunca había sido utilizada en la provincia.

El plan consiste en aprovechar la mano de obra de internos condenados de la unidad penitenciaria para la realización de tareas de mantenimiento en edificios públicos.

Así, dentro de los trabajos ya realizados en el aún incipiente mecanismo, se encuentran el mejoramiento de fachadas y la reparación de las instalaciones de algunas escuelas de la ciudad durante el receso de verano.

Los internos autorizados a realizar tareas extramuros son evaluados de manera minuciosa por el Consejo Correccional –máxima autoridad en el tratamiento penitenciario- de la Unidad de Detención y supervisados por personal especialmente capacitado para la tarea.

Los condenados son elegidos entre aquellos que se encuentran en condiciones de recibir un beneficio como salidas laborales o transitorias, por lo que registran buena conducta y ya han purgado una fracción importante de la condena.

Vale destacar que estas dos condiciones no dan acceso irrestricto a la posibilidad de realizar tareas fuera del establecimiento carcelario, puesto que se trata de un reducido grupo de internos que por sus características especiales de conducta y capacidades laborales se hacen acreedores de la misma.

No obstante, la supervisión de los grupos de trabajo es realizada por suboficiales de medio y alto rango –con un mínimo de diez años en la función- y monitoreada por el grupo especial del Servicio Penitenciario en coordinación con las comisarías de la ciudad, las que permanecen al tanto de todos los movimientos de internos realizados durante la jornada de trabajo.

Aun así, se ha procurado que en el caso de las escuelas, los mismos se realicen durante el receso de verano para brindar mejores condiciones de seguridad a la comunidad.

La modalidad representa una doble utilidad. Por un lado permite al estado aprovechar la mano de obra de los condenados para pequeños trabajos que precisan de su rápida realización, en los que normalmente los costos de gestión resultan más altos que los de la obra en sí misma y, por otro, al servicio penitenciario fundar una nueva etapa dentro del tratamiento de reinserción social aportando a la comunidad de manera productiva, lo que pone en valor el recurso humano que se halla dentro de las unidades penitenciarias y permite a los internos brindar una contraprestación por su estadía en los establecimientos del estado.

El nuevo mecanismo, representa un paso más de la administración penitenciaria en su búsqueda de articularse a otras instituciones para convertirse en un factor activo de la gestión pública y una avanzada de importancia en el cumplimiento de los ideales que proponen las leyes de ejecución de la pena, las cuales exigen que el trabajo de los internos sea productivo y les lleve a generar el hábito laboral y el respeto por las normas de convivencia dentro de la comunidad.

La autorización del Juzgado de Ejecución y la permisión de otras reparticiones de la administración pública para la puesta en marcha de este plan no es casual, puesto que los talleres de la Unidad de Detención vienen realizando algunas tareas encomendadas por el Ministerio de Educación –reparación de mobiliario escolar sobretodo- y llevando adelante planes de formación profesional con excelentes resultados. Esto ha empujado a las autoridades públicas a poner un ojo sobre la potencialidad de estos mecanismos.

En los últimos años, el Servicio Penitenciario ha reinsertado a la comunidad personal capacitado en herrería, carpintería y panadería, entre otros oficios, que se enseñan intramuros.

La posibilidad de aprovechar la mano de obra de internos para trabajos comunitarios le permite al Estado brindar solución a varias problemáticas al mismo tiempo. En primera instancia, se economiza en lo que respecta a la gestión para la realización de pequeñas reparaciones u obras. Normalmente, para ello se debe contratar a una empresa privada, lo que demanda un gran movimiento en la administración y genera demoras y costos desproporcionados que tornan ineficiente la destinación de recursos públicos. No obstante, el plan no influye de manera significativa en la competencia entre los proveedores del Estado, puesto que el volumen de obras realizables bajo esta modalidad es mínimo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. En sentido paralelo, los internos reciben una remuneración mínima equivalente a las tres cuartas partes del SMVM, la cual se desglosa del siguiente modo: 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito; 35 % para la prestación de alimentos, según el Código Civil; 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento; 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida. Con ello, el Estado permite a los internos la asistencia a sus familias fuera del establecimiento a través de la cuota alimentaria y recupera, en cierta proporción, el costo de mantener personas en cautiverio.

Por otra parte, la modalidad permite dar cumplimiento a las leyes nacionales en materia carcelaria y otorgar mayor productividad a la actividad del personal penitenciario que, ya no solo se avoca a la simple vigilancia, sino que pone en marcha un sinfín de otras capacidades, contribuyendo con la eficiencia del empleo público y el desarrollo humano de los trabajadores penitenciarios.